El Fiscal General de la Nación, Francisco Barbosa Delgado, sostuvo una serie de reuniones con miembros de la Comunidad Internacional, entre ellas, la Organización de Estados Americanos (OEA), Héctor Schamís, el jefe de la Misión de Apoyo al Proceso de Paz (Mapp) de la OEA, Roberto Menéndez, el representante especial del secretario general y jefe de la Misión de Verficación de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), Carlos Ruiz Massieu y el director de verificación de la Misión de la ONU en Colombia, Raúl Rosende.
Igualmente, el jefe del ente acusador se reunió con la representante en Colombia de la Oficina de la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Juliette de Rivero; y finalmente con los embajadores de la Unión Europea, España, Ecuador, Italia, Alemania y Países Bajos, entre otros.
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Barbosa les presentó un informe de las acciones investigativas y judiciales desarrolladas por la entidad frente a los hechos ocurridos con ocasión de la protesta social que se registra en el país desde el pasado 28 de abril.
Tras abordar las problemáticas que se viven en Colombia a raíz de las manifestaciones y desmanes, el fiscal expuso que la Fiscalía General de la Nación reconoce la existencia plena del derecho a la protesta social; sin embargo, cumple su competencia constitucional, así como las obligaciones internacionales en el marco del sistema universal y el sistema interamericano de derechos humanos, en sus 8 líneas de investigación, con objetividad y debida diligencia, bajo el análisis en contexto de las situaciones, para esclarecer los hechos delictivos cometidos durante este período.
La Fiscalía busca judicializar los hechos delictivos que impiden el buen desarrollo de la protesta social. “Esta es una entidad autónoma e independiente en la Rama Judicial, que tiene como función investigar y acusar a los presuntos responsables de estos hechos”, enfatizó el doctor Barbosa.
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En ese sentido, el fiscal general se refirió al trabajo de los más de 5.000 servidores que están en busca de garantizarle a la ciudadanía el acceso a la justicia, fortaleciendo con ello las acciones de investigación y acusación en los territorios.
Además, para obtener avances y resultados contundentes, se destacaron fiscales con dedicación exclusiva para las investigaciones priorizadas, como: 1) el caso de la menor de edad que murió Popayán (Cauca), en cuyo proceso se adelantan las labores para establecer la posible comisión de un delito sexual por parte de miembros de la fuerza pública; 2) los 15 homicidios en los que se determinó que tienen relación directa con las protestas, entre ellos, el de Lucas Villa, en Pereira (Risaralda); 3) los 7 casos registrados en Cali (Valle del Cauca), en uno de los cuales se logró la judicialización de un patrullero por la muerte de un menor de edad, entre otros.
Sobre estos hechos, el fiscal Barbosa dio a conocer el conflicto de jurisdicciones planteado por la entidad en uno de los hechos en los que estaría involucrado un uniformado de la Policía y precisó que “la Fiscalía está en una acción muy importante; para que en los casos en los que (…) cumplan requisitos, donde exista abuso policial o existan posibles violaciones a derechos humanos, estos sean tomados por la jurisdicción ordinaria”.
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También se puso en conocimiento de la Comunidad Internacional las actividades desplegadas en cuanto al abordaje de los reportes de personas desaparecidas y la activación del Mecanismo de Búsqueda Urgente (MBU) en el marco de las manifestaciones, con las cuales se ha logrado localizar a 261 personas.
Por otra parte, en desarrollo de las reuniones, se expuso el balance los hechos registrados en Cali, Popayán y La Plata (Huila), donde además de los diferentes daños ocasionados y delitos que se investigan, se atentó contra administración de justicia, por los ataques a su infraestructura y su capacidad investigativa, que dificultan considerablemente la adecuada prestación del servicio y el cumplimiento de las funciones misionales de la entidad en la garantía de los derechos humanos.
