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El partido Farc responsabilizó al Gobierno, en cabeza del presidente Iván Duque, del asesinato al interior del Espacio Territorial de Capacitación y Reincorporación Mariana Páez, en el municipio de Mesetas (Meta), de Alexander Parra, un desmovilizado de las Farc, contratista de la Agencia para la Reincorporación y Normalización (ARN), y esposo de la candidata al concejo local por el Partido Farc, Luz Marina Giraldo.
El crimen de Parra, conocido en la guerra como Rodolfo Fierro, tuvo lugar en la noche del jueves hacia las 9:30 p.m. Este es el primer asesinato de un miembro de la antigua guerrilla dentro de estos espacios, en donde excombatientes adelantan su proceso de reincorporación a la vida civil, y que son vigilados por dos anillos de seguridad, uno del Ejército Nacional y otro de la Policía.
“Sobre estos hechos, además de condenarlos y rechazarlos, responsabilizamos al Gobierno Nacional por la falta de garantías de seguridad y políticas para cumplir el mandato que estableció el acuerdo de paz”, dijo Pastor Alape, vocero de la desmovilizada organización.
Durante una rueda de prensa en Bogotá, varios delegados del partido, incluidos congresistas, afirmaron que los miembros de la colectividad participan en esta campaña electoral en medio de “todas las dificultades y obstáculos que se han ejecutado a partir de la posición del gobierno y el partido de Gobierno, el Centro Democrático.
“Este asesinato a un hombre de paz, lo entendemos como parte de los ataques a la campaña política que desarrolla el partido, pues era esposo de la compañera Luz Marina Giraldo”, añadió.
El vocero exigió el inicio de un proceso investigativo en el que “el Estado tiene que asumir esa responsabilidad en serio, y no a decir que encontraron al autor material”.
“Aquí tenemos que buscar los autores intelectuales, que son los que establecen toda esta dinámica de violencia, en la que se establecen importantes poderes en la política”.
Los voceros del partido señalaron que este crimen es cometido exclusivamente en el marco de la campaña electoral, y desestimaron señalar cualquier eventual responsable.
“Nosotros entramos en este proceso de entrar a la normatividad vigente, y son las instituciones a las que les estamos reclamando que funcionen para que esclarezcan de manera inmediata estos hechos”, indicó.
Además, indicó que la actual situación “ya se configura como una estrategia de aniquilamiento al partido Farc, y sobre todo de desmonte de los acuerdos” de paz firmados en 2016 con el gobierno de Juan Manuel Santos.
“Vemos una campaña expresa no solo en los asesinatos de líderes en proceso de reincorporación, sino también de defensores de derechos humanos. Todos los sectores que están empujando el cambio en los territorios son las víctimas de estas agresiones”, confirmó.
“No es justificable que al inicio de esta semana, el Gobierno haya mostrado un decreto para establecer un límite en lo que tiene que ver con el ejercicio de la entrega de bienes de Farc, para mostrar incumplimientos de Farc, en la recta final de la campaña electoral. Igual a otras acciones del gobierno para desarticular la JEP (Jurisdicción Especial para la Paz, desarticular el proceso y volverlo trizas, como fue parte de su campaña” electoral en 2018.Efe
