El 24 de enero de 2018 Carlos Alfonso Garzón, gerente administrativo de la Registraduría solicitó el presupuesto que esta institución consideró para llevar a cabo las consultas interpartidistas del 11 de marzo.
“De manera previa me remito a solicitar levantamiento previo por concepto de rubro – por valor de $32.052.732.686 m/l con el fin de efectuar la adquisición de los bienes y servicios requeridos para llevar a cabo la consulta popular interpartidista”.
Esto se específica en la solicitud en cuanto a los gastos de impresiones de documentos y tarjetones. Por medio de una carta, 7 días después, Fernando Jiménez Rodríguez, el director del presupuesto público del Ministerio de Hacienda respondió a la solicitud.
“De manera previa informo que esta dirección emite concepto favorable para el levantamiento del previo concepto, hasta $26.450.000”.
La Fiscalía, Procuraduría y la Contraloría ya investigan lo ocurrido para esclarecer si los recursos se asignaron correctamente y si la Registraduría aplicó un plan de contingencia frente a la falta de tarjetas electorales de la consulta de centro derecha.
