La Corte Constitucional determinó que el Estado debe costear todos los tratamientos de fertilidad para parejas que no pueden concebir hijos.
El Gobierno Nacional había pedido al alto tribunal tumbar dicha norma, pues argumenta que comprometería importantes recursos públicos que terminarían afectando la cobertura general en el sector salud.
Sin embargo, dentro del análisis de la Corte, el alto tribunal declaró infundadas las objeciones del Gobierno a la ley SARA, la cual busca proteger los derechos de ese grupo de personas y ordenó incluir estos tratamientos en el plan obligatorio de salud.
