El sector gremial de Barranquilla advirtió que el embargo de las acciones que tiene la española Inassa en la empresa Triple A, ordenado por la Fiscalía, pone en riesgo la estabilidad de esa compañía que maneja los servicios públicos en la ciudad.
“Dejar a Triple A en manos de la Sociedad de Activos Especiales (SAE), vía extinción de dominio, pone en riesgo la estabilidad financiera, administrativa y operativa de la empresa”, dice un comunicado firmado el presidente ejecutivo del Comité Intergremial del Atlántico, Ricardo Plata.
Triple A, que administra los servicios públicos de Barranquilla, la principal ciudad del Caribe, está participada por Inassa, filial latinoamericana de la empresa pública española Canal de Isabel II.
El comunicado del Comité Intergremial agrega que la toma de las acciones “representa una grave amenaza de perder la calidad de los servicios de acueducto, alcantarillado y aseo que han sido modelo a nivel nacional”.
El pronunciamiento de los empresarios se produjo al tiempo que el Ministerio de Hacienda informó de la convocatoria de la asamblea general de Triple A para el próximo 16 de octubre.
Allí se designará una nueva junta directiva “con facultades jurídicas para la toma de decisiones administrativas entre las que se encuentra evaluar la continuidad del gerente general actual y el nombramiento del representante legal jurídico”.
En el documento de hoy, los empresarios cuestionaron a la Fiscalía el haber ordenado el embargo de las acciones de Inassa en Triple A.
“Lo procedente, si se comprueban los hechos punibles, es adelantar acciones para identificar las conductas ilícitas y a sus autores, e imponer las sanciones a que hubiera lugar, dejando la posibilidad del resarcimiento económico de los perjuicios sufridos por los afectados, en este caso Triple A y sus socios”, añade el comunicado.
Para el Comité Intergremial “que la Nación se apodere de la empresa arbitrariamente y que además le entregue las acciones a la SAE, que no inspira confianza ni tiene ninguna capacidad de manejo de servicios públicos, resulta inconcebible para los sectores productivos de la ciudad y del departamento donde Triple A administra con lujo de competencia los de acueducto y alcantarillado en 15 municipios”.
El comunicado añade que “dentro del proceso penal son viables las medidas cautelares como el embargo y secuestro de acciones, pero sin que eso implique que se tome posesión de una empresa vía extinción de dominio, que es propia de otro tipo de delitos que exigen un accionar diferente del Estado”.
