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Colombia parece condenada a vivir en una eterna polarización política, fenómeno que se hizo evidente otra vez este martes con la indagatoria en la Corte Suprema al expresidente Álvaro Uribe, primer trámite de un proceso penal cuyo desenlace seguramente acentuará la fractura nacional.
Todavía está fresca en la memoria de los colombianos el resultado del plebiscito de la paz, en el que hace tres años el uribismo derrotó por unos pocos miles de votos a los defensores del acuerdo firmado con la guerrilla de las FARC, lo que obligó a reabrir la negociación y amplió la brecha política existente.
Por ello sus defensores consideran que el proceso por presunto fraude procesal y soborno de testigos abierto contra su líder, fundador del partido Centro Democrático actualmente en el poder, es una batalla más de una guerra en la que están llamados a impedir el crecimiento de la izquierda.
“Claramente el acuerdo de paz le da un giro en términos narrativos a esa historia política de Colombia, en la medida en que instituciones como el Centro de Memoria Histórica, la Unidad de Víctimas o la misma Justicia Especial para la Paz empiezan a darle un sentido a esa narrativa” del conflicto armado, dijo a Efe el experto en estrategia y poder Carlos Arias, profesor de la Universidad Externado de Colombia.
Uribe es el político más influyente de la historia reciente de Colombia y como tal despierta amores y odios. Es un “patriota” para unos por la lucha que dio en sus años de Gobierno (2002-2010) contra las FARC, o un “asesino” para otros que le endilgan supuestos vínculos con grupos paramilitares y el asesinato de civiles desarmados, los llamados “falsos positivos”.
Pero el liderazgo indiscutible que tuvo en la primera década de este siglo -dejó la Presidencia con una aprobación del 75 % después de ocho años en el cargo-, ha mermado, y prueba de ello es que la opinión favorable que de él tienen los colombianos bajó al 34 % en agosto pasado.
Con ese panorama, el expresidente y senador del Centro Democrático acudió a la indagatoria en la Corte Suprema, que lo vinculó formalmente al proceso, mientras uribistas y antiuribistas se hacían oír en las calles.
Las presiones fueron desestimadas por el presidente de la Corte, el magistrado Álvaro García Restrepo, quien pidió cordura y “confiar en la justicia” pues “ninguna presión influirá en las decisiones que están obligados a tomar en derecho los magistrados”.
Pese a que en la Constitución colombiana está consagrada la independencia de poderes, el uribismo tiene desde hace años sus reservas con relación a la Corte Suprema, vista por muchos como enemiga de su líder ya que durante su Gobierno tuvo lugar el escándalo de las interceptaciones telefónicas ilegales a magistrados de ese tribunal.
Paradójicamente la inédita indagatoria a Uribe en un caso que comenzó en 2012 cuando él mismo denunció al senador Iván Cepeda, del partido de izquierdas Polo Democrático Alternativo, por el presunto uso de falsos testigos al acusarlo de buscar a exparamilitares en las cárceles para convencerlos para que declararan en su contra, ocurre cuando el Centro Democrático está de regreso al poder con el presidente Iván Duque. Efe
