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El gobierno peruano ha retirado de sus cargos a 16 funcionarios públicos que fueron vacunados irregularmente con las dosis de Sinopharm, que llegaron al país el año pasado junto a las utilizadas en el ensayo experimental, según confirmó la primera ministra, Violeta Bermúdez.
Después del escándalo desatado por la vacunación secreta del expresidente Martín Vizcarra y dos exministras, la presidenta del Consejo de Ministros pidió a todos los trabajadores del aparato público que confirmen si habían sido igualmente inmunizados.
“El 14 de febrero conocimos que de 16 funcionarios vacunados, ocho eran del ministerio de Salud y ocho de Relaciones Exteriores, todos ellos ya no forman parte del equipo de Gobierno”.
Declaró Bermúdez.
La titular del gabinete añadió que dos exfuncionarios de la Presidencia del Consejo de Ministros que fueron vacunados, uno de ellos fue designado por la cancillería, y el otro fue contratado por el exprimer ministro Walter Martos, bajo la gestión de Vizcarra.
“Ninguno de estos dos funcionarios fue contratado por mi gestión, y ninguno trabaja ya en la Presidencia del Consejo de Ministros”, apuntó.
Tras recibir el listado de personas que fueron vacunadas irregularmente por la Universidad Peruana Cayetano Heredia, a cargo del estudio experimental de Sinopharm en Perú, la comisión encargada de investigar esta denuncia encontró un número aproximado de funcionarios públicos beneficiados con la inmunización.
“Del total de personas vacunadas (487), alrededor de 25 % eran funcionarios públicos al momento de recibir la vacuna. Actualmente, ninguno de ellos forma parte del gobierno”, afirmó Bermúdez.
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La jefa del gabinete remarcó que “ninguna persona que ha sido parte de esta vacunación irregular podrá ser miembro del directorio de ninguna entidad pública” y que, por ese motivo, se ha iniciado el proceso de separación de algunas personas que han estado involucradas en esta denuncia.
Bermúdez reiteró la indignación del Ejecutivo sobre el uso irregular de las vacunas experimentales de Sinopharm y agregó que “los malos funcionarios no pueden manchar la labor de más de un millón de servidores públicos del Estado”. Efe
