En los alegatos finales, el director de la Defensa Jurídica, Camilo Gómez, quien encabeza la delegación estatal, expresó un reconocimiento parcial de la responsabilidad del Estado en los hechos y pidió perdón a la periodista, al reconocer que la violencia sexual ha sido uno de “los crímenes más atroces en el conflicto armado”.
“A nombre del Estado reconozco la responsabilidad internacional por las fallas del sistema judicial que no realizó una investigación penal digna para la víctima al recaudar 12 veces sus declaraciones y le pide perdón por estos hechos y el daño que le causaron”, afirmó Gómez.
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El agente estatal también reconoció la responsabilidad y pidió perdón a la víctima y a su madre por el “incumplimiento del deber de debido diligencia en la investigación de las amenazas recibidas”.
Sin embargo, la agente estatal María Angélica Velandia negó que haya indicios de participación de agentes estatales en los hechos y también rechazó cualquier responsabilidad en el deber de prevención, pues afirma que en 1999 ofreció protección a la periodista y que la comunicadora no informó a las autoridades que iba a realizar la entrevista en la cárcel.
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¿Qué dice Bedoya?
La representación de Bedoya asegura que la periodista envió una carta a las autoridades aceptando la protección, pero los agentes estatales dicen que nunca recibió esa nota.
Velandia también defendió el proceso penal llevado a cabo, que ha logrado tres condenas a paramilitares como autores materiales.
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Por su parte, Gómez anunció que ha solicitado la apertura de un macrocaso que investigue la violencia sexual contra las mujeres en el conflicto armado, lo cual calificó como “una deuda” con las víctimas.
Sobre el cierre de la cárcel La Modelo, el Estado afirmó que “no es viable”.
El Centro por la Justicia Internacional (Cejil), que actúa como representante de la periodista en el caso, calificó el pedido de perdón de Estado como “mínimo”, pues no acepta la responsabilidad por fallas por acción y omisión, salvo el hecho de haber tomado declaración a la víctima en 12 ocasiones.
Tras el cierre de la audiencia las partes tienen un mes para presentar los alegatos finales por escrito y, a partir de entonces, la CorteIDH emitirá un fallo en los siguientes meses. EFE
