Los nuevos informes sobre miles de casos de abusos sexuales a menores por parte del clero en varias partes del mundo y las acusaciones a la Iglesia de no haber hecho suficiente para afrontarlos han puesto en la encrucijada durante 2018 al papa Francisco.
El año comenzó con el viaje a Chile y Perú en enero, donde su defensa del obispo chileno Juan Barros, supuesto encubridor del sacerdote pederasta Fernando Karadima, se convirtió para el papa en un verdadero bumerán durante todo el año.
Francisco tuvo que pedir perdón por esas palabras ante los periodistas que le acompañaban en el avión de regreso de este viaje y posteriormente envió al arzobispo maltés Charles Scicluna y al sacerdote español Jordi Bertomeu a realizar una exhaustiva investigación sobre este caso.
Ante los resultados del informe de Scicluna, el pontífice argentino reconoció “graves equivocaciones de valoración” y la “falta de información veraz y equilibrada” y convocó a Roma a todo el episcopado chileno e invitó a su residencia, la Casa Santa Marta, a las tres víctimas símbolo del caso Barros: Juan Carlos Cruz, James Hamilton y José Andrés Murillo.
Las historias de continuos abusos y los encubrimientos volvieron a golpear a la Iglesia tras la publicación en agosto de las conclusiones de la Corte Suprema del estado de Pensilvania (EEUU) que documentaba 300 casos de “sacerdotes depredadores” sexuales en seis diócesis y cerca de 1.000 víctimas menores de edad.
Un escándalo que acompañó a Francisco durante su viaje de dos días a Irlanda, el 25 y 26 de agosto, otro país que en el pasado sufrió los imperdonables delitos de abusos, explotación, torturas psicológicas y robos de niños por parte de la Iglesia católica.
Ante la petición de una “mayor toma de conciencia” de los abusos y la necesidad de responder de manera más eficaz, Francisco ha convocado a los presidentes de las Conferencias Episcopales de todo el mundo los próximos 21 a 24 de febrero de 2019 en el Vaticano, una reunión hasta ahora inédita.Efe
