Ecuador se reserva el derecho de responder, incluso por la vía legal, a las empresas de seguridad encargadas de la vigilancia en su embajada en Londres por haber filtrado videos con las actividades de activista Julian Assange cuando estaba allí refugiado, dijo el canciller ecuatoriano, José Valencia.
En entrevista con Efe en Roma, donde se encuentra acompañando la gira del presidente de su país, Lenín Moreno, Valencia señaló que “hubo dos empresas contratadas y Ecuador suscribió acuerdos de reserva con ellas. Al suscribir este acuerdo de privacidad claramente se indicaba que sus datos no podían ser entregados a terceros porque incumbían única y exclusivamente a esos servicios de seguridad”.
“Si esos contratos han sido quebrados y no se han cumplido las garantías de privacidad, el Estado ecuatoriano se reserva el derecho a requerirles legalmente, si fuera necesario, las debidas explicaciones”, subrayó.
El ministro de Exteriores ecuatoriano respondía así a las filtraciones de vídeos de seguridad publicadas en algunos medios internacionales, que indicarían que Assange fue espiado permanentemente durante el tiempo que se encontraba alojado en la embajada en Londres.
“Eran empresas que suministraban seguridad a la embajada de Ecuador, y como tal las cámaras de seguridad no tenían como propósito más que brindar seguridad al entorno total. Se grababa a todas las personas que estaban en la Embajada, no solo al señor Assange”, añadió.
Una de las empresas es la española Undercover Global S.L., cuyos vídeos y audios son lo que se han publicado en medios internacionales.
“Las autoridades ecuatorianas van a evaluar una respuesta” a la ruptura de esas cláusulas de confidencialidad, insistió el canciller.
“El sistema judicial británico ofrece garantías de imparcialidad, autonomía, respeto al debido proceso, derecho a la defensa”, dijo, acerca del juicio de extradición a Estados Unidos, que una jueza británica acaba de fijar para febrero del próximo año.
Añadió que antes de retirarle el asilo en la Embajada y ser detenido, Ecuador “recibió seguridades de las autoridades británicas de que se cumpliría la ley vigente en Reino Unido, que impide la extradición de cualquier persona a un país donde pueda sufrir la pena de muerte o donde se le pueda someter a tortura o malos tratos”, aunque en Estados Unidos sigue vigente la pena capital.Efe
