La Fiscalía General de la Nación confirmó que Ecopetrol aceptó su responsabilidad por el hecho ocurrido el 2 de marzo de 2018, en zona rural de Barrancabermeja en Santander, en donde la compañía ocasionó un grave daño a los cuerpos de agua, suelo, flora y fauna, así como afectaciones a las comunidades, debido al afloramiento de hidrocarburos en el lugar.
La emergencia, producto del manejo antitécnico e inadecuado del pozo Lizama 158, causó derramamiento de crudo y gas a la quebrada Lizama y el caño La Muerte, en el corregimiento La Fortuna. Por más de 15 días una mancha espesa avanzó, aproximadamente, 27 kilómetros hasta el río Sogamoso, generó el desplazamiento de especies, acabó diversos ecosistemas, produjo una grave contaminación e interrumpió las labores de pesca.
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En ese sentido, un fiscal de la Dirección Especializada contra las Violaciones a los Derechos Humanos, adscrito al Eje Temático de protección a los Recursos Naturales y ElMedio Ambiente, presentó ante un juez de control de garantías un acuerdo, en el que Ecopetrol se compromete a sostener un Plan de Recuperación Ambiental (PRA), que contempla 11 grandes acciones para corregir, mitigar y compensar los impactos y efectos ocasionados.
Este plan será un trabajo de tres años, donde contempla la limpieza, tratamiento y monitoreo del agua;obras de protección y defensa de los ecosistemas: adecuación del área donde se registró el afloramiento de crudo; rehabilitación de la vegetación y las llanuras de las zonas de los ríos; creación de viveros con plantas nativas; reincorporación de fauna silvestre y microorganismo necesarios para la conservación de los ecosistemas, además de capacitaciones a la comunidad, entre otra actividades.
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Para la ejecución de este PRA, la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales (ANLA) ejercerá supervisión permanente, para que se cumpla de cuerdo a los parámetros pactados.
Por otro lado, Ecopetrol indemnizará a 873 víctimas con cerca de 6.500 millones de pesos. Pagará durante nueve meses un salario mínimo mensual vigente a 752 pescadores acreditados por la Asociación Colombiana de Piscicultura y Pesca (PISPESCA); y, en un periodo de tres meses, reconocerá un salario mínimo mensual vigente a 121 comerciantes de pescado agremiados en Asocorramb y Asocopropal.
