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El presidente de Filipinas, Rodrigo Duterte, aseguró que no teme una investigación de la Corte Penal Internacional sobre los asesinatos de la guerra contra las drogas, después de que ese tribunal confirmara esta semana que hay indicios de crímenes de lesa humanidad.
“Yo, moriré por mis principios. Si termino en la cárcel, eso está bien para mí, siempre y cuando haga lo correcto”, indicó el polémico mandatario en un discurso televisado la noche del miércoles, en el que insistió en que él nunca ordenó asesinatos.
Duterte, que hizo de la brutal guerra contra las drogas su principal promesa electoral, afirmó que nunca ha realizado amenazas de muerte contra nadie e instó a “los perros guardianes de los derechos humanos” a revisar sus discursos.
Sin embargo, la hemeroteca contradice esa afirmación, ya que el presidente en el pasado animó a la policía a matar a cualquier sospechoso de consumir o vender droga y les garantizó inmunidad por ello; además de instarles a “disparar a matar” el pasado abril a todo el que se saltara la cuarentena por la pandemia de covid-19.
Esas amenazas, que también ha vertido contra activistas, líderes sociales y defensores de derechos humanos, no solo están documentadas en los medios, si no en las mismas transcripciones oficiales de sus discursos del palacio presidencial.
“La cuestión es que no maté a nadie. Entonces, activistas de derechos humanos, ¿a dónde irán? Revisen mis palabras y hagan cumplir la ley de forma estricta”, espetó Duterte, que en marzo de 2018 ordenó la salida de Filipinas del Tratado de Roma, constitutivo de la CPI, para eludir una posible investigación, decisión que se hizo efectiva un año después, el 16 de marzo de 2019.
“Ningún tonto diría mátalo. Nunca dije que mataran. Solo dije: sal y destruye el aparato del narcotráfico”, se defendió el presidente de 75 años.
Sin embargo, la fiscal de la CPI que lleva el caso de Filipinas, Fatou Bensouda, señaló en un informe publicado el martes que existe una “base razonable” para investigar posibles crímenes de lesa humanidad en esa brutal campaña antidrogas, orquestada por Duterte.
El expediente sobre Filipinas se encuentra en la fase de “examen preliminar”, abierto en febrero 2018 a raíz de varias denuncias, pero podría pasar a una investigación formal en la primera mitad de 2021, según Bensouda. Efe
