La Unidad de Investigación y Acusación (UIA) de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) presentó un informe de Monitoreos de Riesgos y Prevención de Afectaciones a los derechos humanos en Colombia, en el que advierte que el paro nacional y las formas cómo se atienden las situaciones que se presentan en la protesta social, han afectado el cumplimiento de sus labores y de los demás componentes del Sistema Integral para la Paz.
De acuerdo con el reporte, la situación es “preocupante”, debido a que entre el 28 de abril, día en el que inició el paro, y el 30 de mayo del presente año, aumentaron las situaciones del conflicto armado y las afectaciones en 111 municipios de interés para el Sistema Integral para la Paz, si las cifras son comparadas con los mismos meses entre los años 2017 y 2020.
“En 2021 se tiene en total un registro de 13 eventos del conflicto y 89 afectaciones de civiles, de este último se tiene un aumento mayor al 400% pues en promedio se presentaron 18 afectaciones de civiles en años anteriores”, dice le informe.
Recomendamos leer: Distrito no plantea retirar fuerza pública de Américas, Usme y Suba por violencia
Igualmente, UIA cuenta con un registro de 16 afectaciones dirigidas en contra de organizaciones intervinientes ante la JEP, la Comisión de la Verdad y la Unidad de Búsqueda de Personas dadas por Desaparecidas.
En el mismo informe, se advierte sobre las prácticas de autodefensa y paramilitarismo realizadas por algunas personas, en busca de “atemorizar” a aquellos que son participes de la protesta social en diferentes partes del país.
Recomendamos leer: “Policía que vea mal ubicado policía que me fumo”, interceptan audios de miembros de Primera Línea
“Hay evidencia en por lo menos 27 ciudades, sobre el surgimiento de ‘grupos de civiles armados’, que reivindican sus prácticas”, señalan.
En el reporte, también se advierte que, en término de frecuencia, Colombia es el segundo país con una tasa de muertes violentas por día de protestas más elevado en el mundo, un muerto cada 36 horas. Además, la UIA señala que el paro nacional tiene las cifras más altas de muertes violentas de personas que han participado en hechos de protestas sociales en los último 44 años.
Por todo ello, la JEP advierte que esta situación es alarmante ya que “varias organizaciones intervinientes ante el Sistema Integral para la Paz incrementan su situación de riesgo de seguridad”, algo que obstruye sus respectivas labores.
