La Procuraduría General de la Nación destituyó e inhabilitó por 10 años al director de la Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca, CAR, por presuntas irregularidades en el desarrollo de un proyecto de Chía.
Según el ente de control, Franco habría suscrito un convenio para realizar una planta de tratamiento de aguas residuales, PTAR, con Emserchía y la Alcaldía del municipio por más de 35 mil millones de pesos, el cual no cumplía con las condiciones para ser ejecutado.
Igualmente, el organismo aseguró que los estudios y diseños no estaban actualizados ni completos generando un retraso de la ejecución de las obras y un reajuste de los valores, los cuales produjeron gastos superiores a los 62 mil millones de pesos.
Por tanto, la Procuraduría afirmó que “esa situación debió preverse antes de la firma del convenio, en 2015, en razón a que las normas que rigen los procesos contractuales deben cumplirse con estricto rigor, pues es la forma de garantizar el cumplimiento del interés general que constituye la finalidad de todo proceso de contratación, y así evitar retrasos en las obras o adiciones en el valor de las mismas”.
Además, en el comunicado oficial explicaron que “como consecuencia de lo anterior se violó el principio de planeación, como expresión del de economía y de responsabilidad”, la cual fue calificada como falta gravísima pero de la misma forma apelada por parte del funcionario en fallo de primera instancia.
