Una pareja de esposos eran los encargados de administrar y controlar los préstamos a los que recurrían personas de distintos niveles socioeconómicos.
Según la investigación de la Fiscalía, esta organización tenía coordinadores de rutas, como denominaban a 18 grupos que concentraba cerca de 200 clientes.
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Los afectados señalaron que recibían amenazas y cobros de manera violenta, y quien realizaba la labor de cobro la ejercía hombres armados.
Se trata de las modalidades de ‘gota gota’ o ‘paga diario’, en que la estructura habría obtenido ingresos por 13 millones de pesos, representados en ganancias superiores al 40% del valor total de los préstamos hechos.
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Los cálculos contables dan cuenta de que, con los microcréditos, la estructura delincuencial movió 11.231 millones de pesos en la economía formal del país, entre 2015 y 2020, mediante la compra de bienes inmuebles y combustible.
La Fiscalía indaga la aparente colaboración de empresas legalmente constituidas que, al parecer, suministraron carnés a los cobradores y ruteros de la red ilegal, y con los cuales estos se identificaban como mensajeros.
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El ente investigador imputó a los 11 capturados los delitos de concierto para delinquir, lavado de activos y enriquecimiento ilícito de particulares.
