El líder social argentino Juan Grabois fue deportado, después de que le negaran la entrada a Colombia, cuando intentaba ingresar junto a otros miembros de organizaciones sociales que integran una misión internacional que pretende reportar las violaciones de derechos humanos durante las protestas en el país.
“Luego de una serie de agresiones físicas registradas por numerosos testigos y cámaras de seguridad, el gobierno colombiano me expulsa de su territorio por considerarme un ‘riesgo para la Seguridad de Estado'”, informó Grabois en su cuenta de Twitter.
Una de sus compañeras de la Misión Internacional de Solidaridad y Observación de Derechos Humanos, María Elena Navarro, expresó en un video que “es una clara decisión del Gobierno nacional de impedir el trabajo de veeduría internacional que viene a hacer esta delegación”.
Sin embargo, de acuerdo con Migración Colombia, al ciudadano extranjero se le negó la entrada al país debido a que el sistema alertó un vencimiento de su pasaporte. Además, Grabois habría faltado al respeto a un oficial de Migración y al Supervisor a cargo.
“La inadmisión de este ciudadano extranjero se da de manera discrecional, dentro del marco de las competencias que tiene Migración Colombia (…) El extranjero quien, de forma vehemente, exigía su ingreso al país, basado en quién era y quiénes lo habían invitado, fue dejado a disposición de la aerolínea, con el fin de que se cumpla la orden de inadmisión”, indicó la entidad.
La Misión, integrada por una decena de organizaciones sociales argentinas, llegó hoy al aeropuerto de El Dorado, en Bogotá, para “acreditar, relevar y visibilizar la situación” de derechos humanos en el marco de las protestas que se producen en Colombia desde el 28 de enero y donde se ha denunciado un uso desmedido de la fuerza por parte de la Policía.
Las protestas se han cobrado 42 víctimas mortales, según los reportes que han llegado a la Defensoría del Pueblo, mientras que organizaciones sociales como Temblores y el Instituto de Estudios para la Paz (Indepaz) contabilizan 43 víctimas de violencia homicida presuntamente por la Policía.
