El 6 de abril del presente año, el Ministerio de Justicia firmó el decreto 333, en el cual se instaura que se retira la competencia a los juzgados regionales frente a las tutelas contra las acciones del presidente Iván Duque en lo que tiene que ver con seguridad nacional y erradicación de cultivos ilícitos, otorgando este análisis exclusivamente al Consejo de Estado.
Ante esto, el representante a la Cámara, David Racero, radicó ante el Consejo de Estado una demanda contra este decreto.
“El decreto demandado, vulnera la esencia de la tutela al limitar la presentación de tutelas en contra de los asuntos ya descritos a un solo tribunal, esto es el Consejo de Estado. Lo anterior, porque el artículo 86 de la Constitución Política y el Decreto 2591 de 1991 otorgan competencia para conocer de la acción de tutela a todos los jueces de la Repúblicaa prevención, pero el acto demandado, modifica reglas de competencia y les sustrae de ésta a la mayoría de jueces de la República por razones arbitrarias, y por ello, es evidente que el Presidente con este Decreto usurpa las facultades propias del legislador”, afirmó Racero.
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Según el representante a la Cámara, tutelas de ciudadanos también han contribuido a detener algunos procesos del Gobierno en materia de ambiente y seguridad, por algunas decisiones inadecuadas.
“Vulnera el derecho de los ciudadanos a acceder a la administración de justicia en condiciones de igualdad, pues crea una relación exclusivamente virtual. Las distancias físicas de la capital -sede única del Consejo de Estado- con el resto de Departamentos, no dejarían otra alternativa”, argumentó.
