Los abogados del empresario colombiano Álex Saab, presunto testaferro del presidente venezolano, Nicolás Maduro, criticaron hoy el fallo del Tribunal Constitucional de Cabo Verde, que esta semana avaló la constitucionalidad de su extradición a Estados Unidos, país que lo reclama por supuesto blanqueo de dinero.
“La decisión es decepcionante, pero deja muchos problemas sin respuesta. Presentaremos un desafío contundente a puntos legales importantes y seguiremos confiando en que Álex Saab será liberado”, señaló el abogado caboverdiano José Manuel Pinto Monteiro en un comunicado remitido a Efe.
En la misma línea, el letrado nigeriano Femi Falana subrayó que el equipo legal del empresario colombiano no dejará “piedra legal sin remover ni foro sin explorar para lograr la libertad de Álex Saab”.
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“Esta sentencia es un momento importante en la historia constitucional de este pequeño Estado africano, porque simboliza la muerte expiatoria del Estado de derecho tan querido por los caboverdianos, al servicio de intereses puramente políticos según una agenda dictada por Washington. ¡Es un suicidio constitucional!”, aseveró Falana.
Sin embargo, ninguno de los abogados aclaró qué nuevas acciones pueden emprender para impedir la extradición tras el pronunciamiento del Tribunal Constitucional, máxima instancia judicial de este país insular de África occidental, donde Saab se halla detenido desde junio de 2020 a petición de Estados Unidos.
En un veredicto publicado el pasado día 7, la corte juzgó “improcedente” el recurso interpuesto por la defensa contra la supuesta inconstitucionalidad del arresto del empresario para intentar frenar su extradición.
El Constitucional publicó en su web oficial una resolución de 194 páginas en la que da respuesta al recurso en el que Saab alegaba, según el tribunal, que durante el proceso de extradición “se aplicaron reglas inconstitucionales”.
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La corte vino a dar la razón a dos instancias inferiores, el Tribunal de Apelaciones de Barlavento y el Tribunal Supremo de Justicia, que ya habían autorizado en 2020 y el pasado marzo, respectivamente, la entrega del presunto testaferro a EEUU.
En la práctica, el fallo del Tribunal Constitucional da vía libre a la extradición.
Asimismo, la alta corte avaló la posición del Gobierno caboverdiano, que ya en 202 dio su aprobación a la extradición.
Hasta la fecha, todos los intentos legales de detener su entrega a EEUU han resultado infructuosos ante la Justicia caboverdiana, en un proceso en el que la defensa argumentó siempre que era “ilegal” y que tenía motivaciones políticas.
El empresario fue detenido el 12 de junio de 2020 cuando su avión hizo escala para repostar en el Aeropuerto Internacional Amilcar Cabral de la isla de Sal, respondiendo así a una petición de EEUU a través de Interpol por supuestos delitos de blanqueo de dinero, pero la defensa alega que esa alerta se emitió después del arresto.
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Tras su detención, Venezuela insistió en que Saab es un ciudadano venezolano y un “agente” del Gobierno, que se hallaba “en tránsito” en Cabo Verde, por lo que sus abogados sostienen que “tenía derecho a la inviolabilidad personal como enviado especial de Venezuela”.
El nombre del empresario, de 49 años, apareció en los medios cuando la exfiscal venezolana Luisa Ortega Díaz lo acusó en 2017 de ser uno de los testaferros del presidente venezolano.
Saab, nacido en la ciudad colombiana de Barranquilla y de origen libanés, está relacionado con varias empresas, entre ellas Group Grand Limited (GGL), acusada de suministrar alimentos y víveres con sobreprecios a la Administración de Maduro.
Según las autoridades estadounidenses, el empresario y tres hijastros de Maduro se lucraron de estas operaciones con “cientos de millones de dólares”. EFE
