Foto: Twitter @Bogota
En un informe emitido por la Contraloría General de la Nación, se observa como las cifras del fondo para estabilizar los números negativos que tiene el sistema integrado de transporte público (Sitp) se han desviado a cubrir los gastos de operación e indemnizaciones, por lo que dichas cifras “en rojo” se ponen en la mira del órgano fiscal.
Tras una década de entrar en funcionamiento, el Sitp se ha convertido en un servicio que tiene más pérdidas que ganancias, lo que se debe a mala planificación e implementación del mismo, pero también al incumplimiento de los operadores y hasta las bajas cifras de uso por parte de los usuarios; lo que deja en evidencia que este sistema ha llegado a un punto crítico en cuanto a su viabilidad para la operación en las zonas urbanas de la capital.
La Contraloría indagó sobre la destinación de los recursos del sistema entre 2015 y 2018, dando como resultado diez hallazgos inusuales; dos de ellos tienen presunta incidencia fiscal por un valor que supera los 900 mil millones de pesos, y los siete restantes tendrían una supuesta influencia disciplinaria, por lo que fueron trasladados a otras instancias de investigación.
Las dos investigaciones fiscales tienen relación con el Fondo de Estabilidad Tarifaria (FET), que es una de las entidades encargadas del manejo de recursos obtenidos por el servicio del Sitp para que así se evite un alto crecimiento en la tarifa de los usuarios; de igual manera, el FET habría desviado recursos para realizar desembolsos por más de 32 millones de pesos con el fin de pagar fallos arbitrales en contra de TM, que es el ente gestor de todo el transporte masivo de Bogotá.
Por ahora, la investigación arrojó que los recursos que se utilizaron para completar el pago de los costos del Sitp, entre 2012 y 2018, representa cerca del 48% del total de los costos del sistema, lo que indicaría cerca de 5.5 millones de pesos.
Frente a la situación Transmilenio se pronunció mediante un comunicado donde sostiene que “el sistema siempre ha sido sostenible, en el sentido que se han contemplado fuentes adicionales a los ingresos por recaudo para el pago de los costos de operación del sistema de acuerdo con lo pactado en cada contrato”.
