El Gobierno de Costa Rica anunció este martes un proyecto de ley que pretende prohibir que empresas sospechosas de corrupción participen en concursos para la adjudicación de contratos de obra pública, un mes después de que saliera a la luz un caso de corrupción en el sector.
El proyecto de “Ley de medidas preventivas en la actividad contractual promovida por el Ministerio de Obras Públicas y Transportes (MOPT) y sus órganos desconcentrados con personalidad jurídica instrumental” busca “garantizar la transparencia de los procesos de contratación pública”, explicó el Gobierno en un comunicado.
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La iniciativa pretende “evitar que se otorguen nuevos contratos a personas físicas o jurídicas que no resultan ser contratistas idóneos” y establece que “las personas físicas o jurídicas sobre las que pesen medidas cautelares de cualquier naturaleza que hayan sido fijadas por una autoridad judicial competente, no podrían participar en los procedimientos de selección de contratistas”.
Este impedimento se aplicaría en cualquier etapa del procedimiento de contratación, excepto cuando ya se tenga un contrato otorgado en firme.
El proyecto es una iniciativa del ministro de Obras Públicas y Transportes Rodolfo Méndez y es apoyada por el presidente del país, Carlos Alvarado.
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“Queremos garantizar la transparencia, eficiencia y eficacia de los procesos de contratación pública que promuevan el MOPT y sus órganos desconcentrados. Es vital que se otorguen nuevos contratos únicamente a personas o contratistas idóneos”, expresó Alvarado.
Este proyecto de ley aparece un mes después de que saliera a la luz uno de los mayores casos de corrupción de la época reciente del país. EFE
