La Corte Suprema de Justicia pidió detener “de inmediato” la ola de violencia que erosiona las bases del Estado, luego de que el martes por la noche una turba incendiara el Palacio de Justicia de la ciudad de Tuluá, en el departamento del Valle del Cauca, que fue reducido a escombros.
“Los actos de violencia deben detenerse de inmediato”, expresó la Corte Suprema en un comunicado en el que “rechaza rotundamente” la destrucción del Palacio de Justicia Lisandro Martínez Zúñiga, de Tuluá, al igual que los ataques contra sedes judiciales en Bogotá, Bucaramanga, Cali, Cartagena, Medellín, Neiva, Pasto, Popayán, Santa Rosa de Viterbo, La Plata, Villavicencio y en localidades del departamento de Cundinamarca.
Tuluá, situada 94 kilómetros al norte de Cali, capital del Valle del Cauca (suroeste), vivió ayer una noche de terror por la acción de vándalos que, como parte de las protestas contra el Gobierno que ya durán 28 días, lanzaron cócteles molotov contra el Palacio de Justicia y luego impidieron que los bomberos llegaran a tiempo para controlar las llamas que consumieron la edificación.
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“En momentos tan críticos como los que atraviesa el país, las sedes de la justicia son las casas de protección democrática de los ciudadanos. El fuego que las consume, como ocurrió en el ataque criminal al Palacio de Justicia de Tuluá, erosiona severamente las bases del Estado constitucional y atenta contra la materialización de los derechos de todos los ciudadanos”, manifestó la Corte.
El máximo tribunal agregó que esos ataques “ponen en peligro la integridad de funcionarios y empleados judiciales, quebrantan la indemnidad de la justicia e impactan los ya escasos recursos con los cuales funciona”.
Además, al atacar sedes judiciales, “la destrucción de expedientes otorga ventajas a la impunidad y a la agudización de los conflictos, no a su resolución”, alertó. EFE
