La Corte Constitucional decidió dar un plazo de tres meses a la Unidad Administrativa Especial para la Atención y Reparación a las Víctimas, con el objetivo de que avance en los trámites para capacitar a los funcionarios, quienes deberán atender las quejas relacionadas con la inscripción en el Registro Único de Víctimas.
Lo anterior a causa de que se han presentado diferentes quejas por parte de los reclamantes en el momento de postularse.Según el alto tribunal, los funcionarios estarían excluyendo a los reclamantes que fueron víctimas de otros grupos armados diferentes a las Farc.
Por lo que en el fallo, establecen que las personas que fueron atacadas por grupos post-desmovilización, como las bandas criminales, sería también víctimas del conflicto armado.
Cabe resaltar que esta decisión se da luego de que una mujer interpusiera una tutela tras dejar sus tierras, debido a amenazas de las Águilas Negras, quienes los extorsionaron y posteriormente asesinaron a su pareja.
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