La sala plena de la Corte Constitucional tumbó un aparte de la ley “Natalia Ponce de León” que establecía penas de hasta 20 y 30 años de prisión para agresores con ácido, que se hayan declarado inimputables.
El pronunciamiento de la alta corte quiere decir que si el presunto agresor afirma padecer algún problema psicológico que no les permite ser conscientes de la gravedad de sus conductas, no podrá recibir una condena mayor al tiempo en el cual el enfermo se cure.
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