Foto: Archivo Referencial
En total son 46 las normas que se encuentran en el despacho de los magistrados de la Corte Constitucional en espera de su revisión, y corresponden a los decretos que ha emitido el Gobierno Nacional con motivo de la emergencia ocasionada por la pandemia del coronavirus en el país.
Con respecto a los nuevos 20 decretos que estarán asignados a un jurista en particular, deberán superar su etapa de revisión constitucional para que puedan continuar con su vigencia tal y como lo vienen haciendo desde el momento que el Gobierno dio conocimiento de ellos.
Al magistrado Antonio Lizarazo le correspondieron dos decretos, 512 del 02 de abril de 2020 por el cual se permite la Autorización temporal a gobernadores y alcaldes para realizar movimientos presupuestales mientras esté vigente el Estado de emergencia económica, social y ecológica; y el 541 del 13 de abril de 2020 el cual prorroga el servicio militar obligatorio por tres meses más.
El magistrado Alejandro Linares tendrá el estudio de constitucionalidad del decreto 513 del 02 de abril de 2020, que corresponde al ciclo de proyectos de inversiones públicas susceptibles de ser financiados con recursos del Sistema Nacional de Regalías; y el decreto 537 del 12 de abril de 2020 sobre las medidas en materia de contratación estatal.
El Magistrado José Reyes le correspondió el decreto 516 del 04 de abril de 2020 acorde al porcentaje mínimo de programación de producción nacional en televisión y utilización por los operadores regionales para funcionamiento de los recursos de fortalecimiento; y el decreto 539 del 13 de abril del 2020 sobre las medidas de bioseguridad para mitigar la propagación del COVID-19 y realizar el adecuado manejo de esta pandemia.
La magistrada Cristina Pardo tendrá bajo su revisión tres decretos, el primero es el 517 del 04 de abril de 2020 sobre el pago diferido de los servicios públicos de energía eléctrica y gas combustible para usuarios de los estratos 1 y 2; el 538 del 12 de abril de 2020 acorde a las medidas para el sector salud dirigidas a contener y mitigar la pandemia del COVID-19 y garantizar la prestación de los servicios de salud; y el 545 del 13 de abril de 2020 sobre la adopción de medidas para suspender temporalmente el requisito de insinuación para algunas donaciones.
Por su parte, al magistrado Luis Guillermo Guerrero le fueron asignados el decreto 518 del 04 de abril de 2020 sobre el el programa de Ingreso Solidario a favor de personas y familias en situación de vulnerabilidad, no beneficiarias de otros programas de ayuda; el 532 del 08 de abril de 2020 acorde a la exención de presentación del examen de Estado para el ingreso de pregrados en educación superior programado para el 15 de marzo de 2020 y eventualmente, el previsto para el 9 de agosto de 2020.
A la magistrada Gloria Stella Ortiz le correspondió el estudio del decreto 519 del 05 de abril de 2020 sobre la adición al Presupuesto General de la Nación para la vigencia fiscal 2020, de quince billones a cien mil millones de pesos; el 535 del 10 de abril de 2020 sobre el procedimiento abreviado para devolución y compensación de saldos a favor de contribuyentes del IVA; y el 544 del 13 de abril de 2020 acorde a las medidas en materia de contratación estatal para la adquisición en el mercado internacional de dispositivos médicos y elementos de protección personal.
Continuamos con el magistrado Carlos Bernal y su asignación corresponde al decreto 522 del 06 de abril de 2020 sobre la adición al Presupuesto General de la Nación para la vigencia fiscal 2020, de tres billones a doscientos cincuenta mil millones de pesos; y el 533 correspondiente al 09 de abril de 2020 sobre las medidas para garantizar la continuidad del Programa de Alimentación Escolar y la prestación del servicio de educación.
A la magistrada Diana Fajard le fueron asignados el decreto 528 del 07 de abril de 2020 acorde al pago diferido de los servicios de acueducto, alcantarillado a los usuarios residenciales de los estratos 1 y 2; el 540 del 13 de abril de 2020 sobre las medidas para ampliar el acceso a las telecomunicaciones en el marco de la emergencia; y el 546 del 13 de abril de 2020 correspondiente a la sustitución de pena de prisión y la medida de aseguramiento de detención preventiva en establecimiento penitenciario y carcelario, por prisión y detención domiciliaria transitorias de personas mayor vulnerabilidad a la pandemia.
Finalmente, al magistrado Alberto Rojas le correspondió el decreto 530 del 08 de abril de 2020 sobre las exenciones tributarias transitorias del gravamen de movimientos financieros (GMF). Donaciones que no se consideran venta.
