El Consejo de Estado dejó en firma la suspensión contra Antonio Quinto Guerra, quien había sido electo como alcalde de Cartagena.
La entidad ratificó así la decisión que ya había tomado con anterioridad el Tribunal Administrativo de Bolívar al considerar que no hubo ninguna irregularidad en la misma.
Igual decisión optó la Procuraduría General al argumentar que Quinto Guerra estaba inhabilitado para el cargo puesto que había suscrito contratos con la Gobernación del Bolívar y el Ministerio de Vivienda, cinco meses antes de resultar electo.
Quinto Guerra resultó ganador en unas elecciones atípicas que se llevaron a cabo en Cartagena, pero antes de tomar posesión su elección fue demandada por parte del Ministerio Público.
