El Congreso de la República aprobó una ley que otorgará mayores facultades sancionatorias a la Superintendencia de Salud para que actúe con severidad frente a los casos de abuso y violación en la prestación de este servicio fundamental.
La nueva norma contempla fuertes sanciones en contra de las EPS que incumplan y los funcionarios corruptos que desangran el sistema.
Las sanciones para personas jurídicas pueden llegar hasta 7 mil millones de pesos y a funcionarios negligentes hasta mil millones de pesos.
