Los principales departamentos donde se han presentado las desapariciones son Chocó, Nariño, Norte de Santander, Arauca y Cauca.
El Comité Internacional de la Cruz Roja (CICR) ha documentado 959 casos de desaparición en Colombia relacionadas con conflictos armados desde diciembre de 2016 cuando entró en vigor el acuerdo de paz que firmaron el Gobierno y la guerrilla de las FARC.
Así lo informó este organismo humanitario, que en la conmemoración del Día Internacional de las Víctimas de Desapariciones Forzadas recalcó en un comunicado que estos casos están relacionados con los conflictos armados y la violencia en Colombia.
El CICR asegura, sin embargo, que aunque las cifras son elevadas no evidencian “el número total de desapariciones que pudieron ocurrir en los últimos cinco años, pues probablemente la dimensión de la tragedia es mayor”.
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“Entre enero y agosto de este año registramos, en promedio, una nueva desaparición cada dos días. Esto evidencia que la desaparición no es un hecho del pasado, sino una realidad que continúa presente en el país”, dijo Rafael Barrantes, coordinador adjunto del Departamento de Protección del CICR en Colombia.
Agregó que “en Colombia miles de personas siguen experimentando incertidumbre y angustia al no saber la suerte y el paradero de sus seres queridos”.
Los departamentos de Chocó, Nariño, Norte de Santander, Arauca, Cauca, Antioquia, Valle del Cauca, Putumayo, Caquetá, Meta y Guaviare concentran el 94 % de las desapariciones que ha documentado el CICR desde 2016.
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Estas zonas, precisamente, son las más afectadas por los conflictos armados y la violencia y allí la situación humanitaria ha empeorado en los últimos años.
“Es fundamental que los actores armados tomen las medidas necesarias para prevenir el fenómeno de la desaparición y trasmitan a las instituciones pertinentes dedicadas a la búsqueda, información útil que ayude a esclarecer la suerte y el paradero de las personas desaparecidas“, dijo Barrantes.
El coordinador adjunto del Departamento de Protección del CICR en Colombia manifestó la necesidad de que “exista coordinación entre las instituciones estatales para apoyar y fortalecer el modelo de búsqueda colectiva que ha implementado la Unidad de Búsqueda de Personas dadas por Desaparecidas (UBPD)”, creada por el acuerdo de paz.