La Procuraduría confirmó este lunes la destitución del coronel retirado del Ejército Jorge Armando Pérez Amézquita y de otros cuatro militares por el asesinato del desmovilizado de las FARC Dimar Torres Arévalo, ocurrido en 2019 en la región del Catatumbo (fronteriza con Venezuela).
Según el Ministerio Público, los militares “no cumplieron su deber funcional de proteger a todas las personas residentes en Colombia, en su vida, honra, bienes, creencias, derechos y libertades, especialmente a Dimar Torres Arévalo”.
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“No cumplieron su deber de proporcionar seguridad a la población civil”, agregó el organismo en un comunicado.
Torres, desmovilizado de las FARC tras la firma del acuerdo de paz en noviembre de 2016, fue asesinado el 22 de abril de 2019 en la aldea Carrizal, perteneciente al municipio de Convención, en el departamento de Norte de Santander.
El coronel Pérez Amézquita, que era para la época el comandante del Batallón de Operaciones Terrestres No. 11 del Ejército colombiano, fue destituido e inhabilitado por 20 años.
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Igualmente, la Sala Disciplinaria de la Procuraduría también ratificó la destitución e inhabilidad por 14 años al cabo segundo Daniel Eduardo Gómez Robledo, al encontrar que fue el “autor material del crimen”.
También ratificó la pena de 12 años de cárcel a los soldados profesionales William Andrés Alarcón Castrillón y Yorman Alexánder Buriticá Duarte, como “cómplices de la conducta delictiva”.
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Luego de analizar las pruebas, la Procuraduría aseguró que “no había duda sobre la responsabilidad del teniente coronel Pérez Amézquita como determinador de homicidio en persona protegida, como tampoco sobre la autoría material del hecho atribuible al cabo segundo Gómez Robledo, ni de la responsabilidad de los hechos por parte de los soldados profesionales mencionados”.
Asimismo, el órgano de control sostuvo que Torres era un desmovilizado y que, como consecuencia del acuerdo de paz firmado en 2016 por el Gobierno colombiano y la entonces guerrilla FARC, “se había integrado a la vida civil y desarrollaba labores de agricultura en el lugar donde era natural y vivía con su familia”.
Por lo tanto, añadió la información, “ostentaba la calidad de civil y de persona protegida por los tratados y convenios internacionales sobre Derecho Internacional Humanitario” y recuerda que por ser fallo de segunda instancia no procede ningún recurso de apelación.
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EL CASO
En un comienzo el asesinato de Torres fue presentado por el entonces ministro de Defensa, Guillermo Botero, como consecuencia de un forcejeo con el cabo Gómez.
Sin embargo, la revista Semana reveló en octubre del 2019 un chat en el que el alto oficial ordenó matar al exguerrillero a quien consideraba supuesto responsable de la muerte del soldado Pablo Emilio Borja, que hacía parte de su unidad militar. EFE
