Foto: Archivo referencial
La jueza 30 de control de garantías de los juzgados de Paloquemao anunció que el próximo jueves 08 de octubre se reanudará la audiencia para determinar entre otras cosas, si el expresidente Álvaro Uribe Vélez queda en libertad y afronta el proceso penal en su contra en esta condición, recordando que desde el pasado 04 de agosto se encuentra detenido al interior de su finca El Ubérrimo, Córdoba, después de que la Corte Suprema de Justicia lo sometiera a la medida de prisión preventiva.
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Frente a la posibilidad de que el excongresista pueda quedar en libertad, diferentes compañeros de bancada como María del Rosario Guerra, Edward Rodríguez, Ernesto Macías o Margarita Restrepo, han insistido en que no existen razones por las que el expresidente deba continuar en la medida de detención domiciliaria, algo muy similar a lo que hizo la mismísima vicepresidenta de la República, Marta Lucía Ramírez a través de su cuenta oficial de Twitter.
Este pronunciamiento de la mano derecha del presidente Iván Duque revive una polémica que se presentó después de que se conociera que el expresidente Uribe debería encarar el proceso en detención domiciliaria, y es que diferentes internautas señalan que el Gobierno Nacional, como representante de todos los colombianos, debería mantener su independencia y parcialidad frente a las decisiones judiciales que hoy tienen privado de su libertad al excongresista.
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No obstante, algunos simpatizantes del partido de Gobierno, del expresidente y de la misma petición para que Uribe Vélez pueda quedar en libertad, aseguraron no ver con buenos ojos que se estén promoviendo mensajes de esta índole a través de las redes sociales, pues consideran que pueden ser considerados como una especie de “presión” en contra de la jueza encargada del expediente del excongresista.
Frente a esto último, en común acuerdo y de manera unánime, los jefes de las más altas cortes que tiene el país le solicitaron a toda la comunidad y a los funcionarios públicos que se abstuvieran de realizar mensajes o comentarios que pudieran afectar la independencia de poderes en el desarrollo de cualquier decisión que pueda ser de interés nacional.
