La Policía allanó una oficina de la organización y las casas de varios trabajadores, donde encontraron copias impresas de informes falsos
Un tribunal de Bangladesh condenó este martes a once años de prisión a la presidenta de una ONG, a su director ejecutivo y a seis trabajadores por la falsificación de miles de pruebas de la covid-19 durante el comienzo de la pandemia en 2020, en el primer veredicto de esta índole en el país asiático.
“Falsificaron casi 5.000 informes de pruebas de la covid-19 y se enfrentaban a cargos de estafa y falsificación. Logramos probar los cargos en la corte”.
Dijo a Efe el fiscal Azad Rahman.
El magistrado jefe adjunto de Dacca, Tofazzal Hossain, dictó hoy la sentencia en presencia de los convictos: la presidenta de la organización JKG Health Care, Sabrina Arif Chowdhury, su marido y director ejecutivo, Arif Chowdhury y otros seis trabajadores, que además deberán abonar una multa de 115.000 dólares o sumar 11 meses de prisión a su condena.
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El 24 de junio de 2020, la Dirección General de Servicios de Salud de Bangladesh revocó el permiso otorgado a la ONG para la recolección de muestras de pruebas de detección de la covid-19, después de que se descubriera que sus empleados emitían certificados falsos.
La decisión se tomó después de que la Policía allanara la oficina de la organización y las casas de varios de sus trabajadores, donde encontraron copias impresas de informes falsos.
Un subcomisario de la Policía Metropolitana de Dacca aseguró entonces a Efe que habían confiscado cuatro portátiles de la oficina de JKG y que uno de ellos contenía 1.500 certificados, por lo que estaban comprobando el resto.
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La organización sin ánimo de lucro tenía permiso para recolectar de forma gratuita muestras de pacientes sospechosos de la enfermedad en 44 cabinas distribuidas por Dacca y la vecina Narayanganj, y enviarlas a laboratorios gubernamentales para su análisis.
Pero para ganar dinero de forma ilegal, los trabajadores de la ONG visitaban las casas de los pacientes para recolectar las muestras y cobrarles una tarifa a cambio de emitir certificados falsos con el resultado deseado por ellos, según la Policía.
Este escándalo se produjo después de que un equipo del Batallón de Acción Rápida (RAB), la unidad de élite de la Policía bangladesí, cerrase la sede y dos hospitales del Grupo Regent en Dacca por proporcionar informes de coronavirus sin analizar sus muestras.
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Procesaron al propietario de uno de los hospitales por emitir casi 6.000 informes falsos de pruebas de covid-19, un caso que ahora está en manos de un tribunal.
EFE
