Foto: Archivo Referencial
La Fiscalía General de la Nación anunció en horas de la mañana que lograron la condena de 10 años de prisión para cinco exfuncionarios del extinto Instituto Colombiano de Desarrollo Rural (Incoder), por estar involucrados en la adjudicación a particulares de una ciénaga del departamento de Sucre, misma que se declaró como “desaparecida”, según lo explicó el organismo de control.
Ahora bien, los condenados en primera instancia por el Juzgado Noveno Penal del Circuito de Bogotá son: el exsubgerente Nacional de Tierras, José Ignacio Lacouture Armenta; dos miembros de la subgerencia de Tierras, Juan Heredia Fernández y Alfredo Eugenio Sánchez; el abogado Julio Alberto Acosta y el topógrafo José Rodolfo Castro.
Por parte de la Fiscalía se explicó que los cargos que se le imputaron a los cinco exfuncionarios condenados dentro de la Dirección Especializada contra la Corrupción, fueron de peculado por apropiación y peculado por apropiación en favor de terceros. La ciénaga en cuestión es de Amanzaguapos, Dividivi y Caño Viloria, en San Marcos, Sucre.
“El material probatorio recopilado evidenció que el exdirectivo reunió esfuerzos, con varios abogados, para adelantar un proceso administrativo de deslinde que fijó los límites y la titularidad del terreno que, aunque pertenecía a la Nación, pasó a manos de un particular”, se lee en el comunicado del ente acusatorio.
Dicha investigación, logró entregar a las autoridades judiciales las pruebas que inculpan al exsubgerente Lacouture, quien a través de la Resolución 2437 de 2020, logró favorecer a particulares para que se hicieran cargo del aprovechamiento natural de dicha ciénaga, arrebatándole la posibilidad al mismo Gobierno Nacional.
