Foto: Archivo Referencial
La liquidación de la EPS Salud Vida ha generado una nueva polémica, la cual salió por el presunto uso de dineros del sistema de salud para pagos extraños a los que están destinados, como por ejemplo beneficios personales de algunos funcionarios de la entidad y hasta el desembolso por millones de pesos a una reconocida firma de abogados para la realización de un contrato para la defensa de dicha EPS.
Los hallazgos que estarían involucrando en una nueva investigación a Saludvida son por el uso de recursos destinados para el sector de la salud en pagos a personas que no pertenecían a la EPS, en servicios de transporte que tampoco hacían parte de la empresa, la presunta venta del edificio principal de Saludvida por un valor que no corresponde al del mercado y un desembolso por tres millones de pesos para un contrato con la firma De La Espriella Lawyers Enterprise.
Debido a esta situación, la firma de abogados se pronunció a través de sus cuentas oficiales, donde acusa al Superintendente de Salud, Fabio Aristizábal Ángel por una presunta filtración ilegal del contrato por prestación de servicios entre la EPS en cuestión y la empresa: “se han atendido 235 procesos penales y se ha ejercido, con lealtad, la representación en actuaciones ante distintas entidades”, se lee en el comunicado.
“De los honorarios acordados, en el momento de la suscripción del contrato en noviembre del año 2018, Saludvida EPS, ha pagado el 65% de los mismos… es importante que la opinión pública conozca que la Contraloría General de la República, ha conocido la existencia de aquel contrato de prestación de servicios profesionales, desde el mismo instante de su celebración”, continúa el comunicado.
Por otra parte, en el cierre del comunicado la firma de abogados asegura que fueron víctimas de “una deleznable campaña de desprestigio”, de la que acusan al ya mencionado superintendente Aristizábal, por lo que también aseguran que adelantarán “sendas denuncias en la Fiscalía General de la Nación” en contra de este funcionario, además del liquidador Darío Laguado.
Cabe recordar, que el proceso de liquidación de la EPS está detenido, igual que el traslado de sus afiliados, por un fallo emitido por el Juzgado Primero Civil de Valledupar que le ordenó a la Superintendencia de Salud que brindara la protección del derecho de salud a los miles de afectados por la decisión que tomó esta misma entidad del Estado de suspender la actividad de Saludvida, con el compromiso de que atendiera los contratos y las reclamaciones de los tutelantes.
