Bajo un sofocante calor soldados del Ejército de Colombia, con trajes camuflados y máscaras anti-COVID, caminan a través de la densa vegetación con sus fusiles de asalto listos para responder un eventual ataque de sus numerosos enemigos en la frontera con Venezuela.
Los soldados son parte de una nueva unidad militar de 14.000 efectivos lanzada para detener la creciente violencia en el departamento de Norte de Santander, una región del noreste de Colombia más grande que El Salvador, convertida en el nuevo epicentro del conflicto armado impulsado por el aumento de la producción de cocaína.
“Son muy peligrosos los patrullajes en la frontera con Venezuela porque cualquier grupo ilegal involucrado en el narcotráfico y con presencia en la zona nos pueden atacar“, dijo un sargento con 20 años de antigüedad en el Ejército, mientras se protegía del sol bajo la sombra de un árbol, cerca de un río que divide a Colombia y Venezuela.
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Las explosiones de minas antipersonales, las emboscadas y los combates han dejado 16 militares y 19 integrantes de grupos armados ilegales muertos durante 2021 en Norte de Santander, además de decenas de heridos en alrededor de 30 ataques, según estadísticas del Ministerio de Defensa.
Sin embargo, el aumento de tropas y el esfuerzo de los militares no necesariamente podría ser la táctica correcta: la erradicación de los cultivos de hoja de coca, la materia prima de la cocaína, está cayendo en medio de la resistencia de los campesinos de la región que aseguran no tener otras alternativas para vivir.
El presidente Iván Duque acusa al Gobierno venezolano de Nicolás Maduro de suministrar refugio a los grupos armados ilegales en su territorio, permitiendo el tráfico de cocaína a Estados Unidos y Europa a cambio de una parte de las ganancias.
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La colapsada economía de Venezuela y el crimen desenfrenado también aumentan la violencia en la frontera, dicen las autoridades colombianas. Reuters mostró en una reciente investigación cómo la guerrilla del Ejército de Liberación Nacional (ELN) funciona como gobierno local de facto y principal empleador en algunas localidades venezolanas.
Caracas niega enérgicamente su responsabilidad y Maduro dijo en octubre que lo que existe en la frontera son “terroristas armados narcotraficantes”, grupos que definió como una estrategia de la oligarquía colombiana para infiltrar y desestabilizar a Venezuela con ataques.
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INESTABILIDAD
Colombia espera que la estrategia militar en Norte de Santander proporcione una hoja de ruta para pacificar otras regiones de la nación de 50 millones de habitantes que aún enfrenta un conflicto armado, ahora fragmentado en batallas locales en las que participan guerrilleros y bandas criminales vinculadas al narcotráfico.
“En Norte de Santander confluyen varios factores de inestabilidad. El primero la presencia de grupos armados organizados (…) y el narcotráfico. Norte de Santander es uno de los departamentos que tiene una mayor concentración de cultivos ilícitos”, dijo a Reuters el comandante de las Fuerzas Militares, general Luis Fernando Navarro.
La porosa frontera de 2.219 kilómetros y la débil aplicación de la ley en Venezuela permiten al ELN y los disidentes de las FARC que rechazaron un acuerdo de paz en 2016 atacar en Colombia y huir al país vecino para ponerse a salvo, explicó el oficial en una reciente entrevista en su oficina de Bogotá.
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Buscar refugio en Venezuela los protege de los bombardeos aéreos, la principal arma de las Fuerzas Militares para combatir a los rebeldes en otras partes de Colombia.
“Es un factor de inestabilidad que la retaguardia estratégica de estas estructuras esté en estados limítrofes venezolanos. Eso hace que sea difícil combatirlos”, aseguró Navarro.
De acuerdo con las Fuerzas Militares, aproximadamente la mitad de los 2.350 combatientes del ELN y un 30% de los 2.400 de las disidencias de las FARC están en Venezuela.
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Del lado colombiano, los grupos armados ilegales luchan entre sí por el control de la creciente producción de coca. La región de Catatumbo, con más de 40.000 hectáreas, tiene capacidad para producir 312 toneladas de cocaína por año, una cuarta parte del total de Colombia, según cifras de la ONU.
Además de las disidencias de las FARC y el ELN, en la zona tienen presencia las bandas criminales del Clan del Golfo y Los Pelusos.
