Al menos 1.500 personas se vieron obligadas a desplazarse debido a combates de grupos armados sin identificar en Tumaco, municipio en el que el pasado 5 de octubre fueron asesinados seis campesinos cocaleros en un confuso ataque, informó la ONU.
Los desplazados, integrantes de 258 familias afrocolombianas, habitaban en los barrios Ciudad Dos Mil, Nuevo Milenio, Viento Libre y La Ciudadela, comenzaron a abandonar sus hogares el pasado 6 de octubre, según un breve comunicado de la Oficina de Coordinación de Asuntos Humanitarios de Naciones Unidas (OCHA).
El pasado 5 de octubre murieron seis campesinos cocaleros que protestaban en un remoto punto de Tumaco llamado Tandil contra la erradicación de matas de coca, hecho que inicialmente fue atribuido por las autoridades a una de las disidencias de las FARC pero sobre el que el Gobierno ha abierto una investigación por las acusaciones de los lugareños contra la Policía.
La OCHA destacó en su información que “como parte del control territorial”, los diferentes grupos armados han impuesto “fronteras invisibles” en los diferentes barrios.
“Desde inicio de octubre y debido a esta situación, las comunidades se ven forzadas a limitar su movilidad entre 6:00 pm y 6:00 am como mecanismo de autoprotección”, señala la información.
Las familias que se vieron obligadas a abandonar sus hogares se alojan en casas de familiares y amigos en otros barrios del municipio, por lo que van de forma esporádica a sus viviendas “en diferentes horas del día, con el objetivo de cuidar sus pertenencias”.
“Persisten los enfrentamientos y la presencia de estos grupos armados sin identificar en la zona urbana, generando riesgos en la población civil que habita en este municipio”, concluye la OCHA.
Precisamente y tras la muerte de los seis campesinos cocaleros, el Consejo Comunitario del Pueblo Autónomo de Alto Mira y Frontera (CCAMIF) también denunció en un comunicado la presencia en la zona, que abarca parte de Tumaco, de diferentes grupos armados ilegales.
“Durante las últimas semanas se han venido presentando presiones de grupos armados hacia la comunidad (…) buscando que asuman el rol de escudos humanos ante la intervención de la fuerza pública que realiza las labores de erradicación forzosa (de cultivos ilícitos)”, manifestó la CCAMIF.
El Gobierno y las FARC firmaron un acuerdo de paz en noviembre del año pasado para terminar 52 años de conflicto.
Sin embargo, algunos guerrilleros se opusieron al acuerdo y otros fueron expulsados del grupo armado por no asumir las directrices de la jerarquía de las FARC, informa Efe.
Actualmente estas disidencias operan en departamentos como Guaviare, Guainía y Vichada, estos dos últimos limítrofes con Venezuela, así como en Nariño, fronterizo con Ecuador, especialmente en la localidad de Tumaco, el municipio colombiano con más hectáreas de coca sembradas.
