La Defensoría del Pueblo llamó a las entidades del Estado a desarrollar acciones efectivas contra la desnutrición.
Al menos 141 niños menores de 5 años han muerto en Colombia por desnutrición en lo que va de este año, denunció la Defensoría del Pueblo, que calificó de vergonzosa la situación.
“Es una vergüenza que como Estado sigamos registrando muertes de niñas y niños por desnutrición sin que se logre una estrategia que ponga fin a esta situación tan dolorosa, lo que muestra indolencia, indiferencia y desidia de los Gobiernos nacional, departamentales y municipales“, dijo el Defensor del Pueblo, Carlos Camargo.
De acuerdo con la Defensoría, entre el 1 de enero y el 17 de junio de este año, el Instituto Nacional de Salud reportó 141 muertes por desnutrición y causas asociadas en menores de 5 años en el país.
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Camargo detalló que La Guajira, en el extremo norte del país, es el departamento con más casos, 39; seguido de Chocó, con 17, y Cesar, con 10.
En enero, el Gobierno de Petro anunció que pondría en marcha un plan especial para planear acciones para la atención integral de la población indígena wayuu en La Guajira, marcado por la escasez de agua y con las tasas más altas de muertes de niños por desnutrición.
De acuerdo con cifras del Gobierno, en ese departamento desértico, fronterizo con Venezuela, se registraron en 2022 un total de 1.954 casos de desnutrición aguda en menores de 5 años.
Además, hubo 85 casos de menores de 5 años que murieron por desnutrición, un dato muy superior al resto de departamentos del país.
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En total, en Colombia murieron 308 niños menores de 5 años por desnutrición en 2022.
Por otro lado, a partir de hoy y por seis días en respuesta a las necesidades y peticiones de La Guajira, el presidente Gustavo Petro, despacha desde este departamento.
Petro estará con todo su gabinete para desarrollar encuentros con la comunidad en Riohacha, Uribia, Nazareth, Albania, Manaure y Maicao, entre otras localidades de esta región, que tiene más de un millón de habitantes.
La semana pasada, el jefe de Estado anunció acciones para agilizar el cumplimiento de la sentencia de la Corte Constitucional que ordenó en 2017 proteger los derechos al agua, la alimentación y la salud de la población wayuu.
EFE
