El Gobierno colombiano espera con gran expectativa el fallo de este jueves de la Corte Internacional de Justicia (CIJ) sobre una discordia de Nicaragua por las supuestas violaciones de derechos soberanos y espacios marítimos en el mar Caribe, iniciada por el país centroamericano en 2013.
“La sentencia no versa sobre delimitación marítima ni sobre soberanía, sino sobre las libertades, los derechos y los deberes de cada país en el Caribe”, detalló Manuel José Cepeda, coagente de Colombia ante la Corte de La Haya, en la que el país tiene como agente a Carlos Gustavo Arrieta.
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El veredicto de esta semana no implicará ningún cambio en los mapas de los dos países, como sí sucedió con el del 19 de noviembre de 2012.
En esa ocasión, por otro fallo de la CIJ, Colombia mantuvo la soberanía sobre el archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina, del cual también hacen parte los cayos de Roncador, Serrana, Serranilla, Bajonuevo, Alburquerque, Cayo Este-Sudeste y Quitasueño.
Igualmente conservó 12 millas náuticas del agua que rodea estos territorios, pero perdió con Nicaragua casi 75.000 kilómetros cuadrados de mar.
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Para tener un poco más de contexto, es importante señalar que Nicaragua denunció ante la Corte que Colombia supuestamente ha violado el derecho internacional por no aplicar la sentencia de 2012 ya que su Armada hace operaciones en aguas caribeñas que no le corresponden.
Además, el Gobierno colombiano expidió un decreto que estableció una “zona contigua integral” desde el continente hasta el archipiélago en el que se omite la delimitación fijada en 2012 por la CIJ.
En respuesta, Colombia contrademandó a Nicaragua ante la CIJ alegando que ese país “ha violado los derechos de pesca artesanal de los habitantes del archipiélago, en particular de la comunidad raizal, para acceder y explotar sus bancos de pesca tradicionales”.
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¿Cuáles son los argumentos de la defensa colombiana?
En las audiencias celebradas en La Haya entre el 20 de septiembre y el 1 de octubre del año pasado los togados escucharon a la defensa colombiana, al gobernador de San Andrés, Everth Hawkins Sjogreen, y a Kent Francis James, que representa a la comunidad raizal del archipiélago, entre otros.
Colombia abogó por los derechos tradicionales de la comunidad raizal pues sus bancos de pesca quedaron fuera de las 12 millas náuticas estipuladas en el fallo anterior.
En cuanto al argumento de Colombia de que los raizales pueden seguir acudiendo a los bancos de pesca tradicionales en aguas de Nicaragua, considera que “el país ha hecho bien en enfilar sus baterías para tratar de lograr que se le reconozcan esos derechos”.
