El Clan del Golfo aseguró que ninguno de sus integrantes podrá participar en actividades políticas ni respaldar candidatos para las elecciones presidenciales previstas para el próximo 31 de mayo en Colombia. La decisión fue divulgada mediante un comunicado emitido por esa organización armada ilegal en medio de las alertas de las autoridades sobre posibles presiones contra votantes en diferentes zonas del país.
Según el documento, la instrucción fue dirigida a comandantes y combatientes del grupo también conocido como Ejército Gaitanista de Colombia (EGC), con el objetivo de impedir cualquier forma de intervención en la contienda electoral. La organización señaló que queda prohibido promover, financiar o insinuar apoyo hacia aspirantes presidenciales.
La decisión se conoce en un contexto de creciente preocupación por la influencia de estructuras armadas ilegales en varias regiones apartadas, especialmente en territorios afectados por economías ilícitas, narcotráfico y disputas criminales.
Clan del Golfo insiste en no intervenir en las elecciones presidenciales
En el comunicado, el Clan del Golfo indicó que cualquier ciudadano que haya sido presionado o intimidado para votar por determinado candidato podrá denunciar los hechos ante el Mecanismo Tripartito de Monitoreo, Verificación y Seguimiento de los acuerdos alcanzados en Doha, Catar.
La secretaría técnica de ese mecanismo está bajo la coordinación de la Misión de Apoyo al Proceso de Paz de la Organización de Estados Americanos (MAPP/OEA), entidad que acompaña diferentes procesos de verificación relacionados con la política de paz total impulsada por el Gobierno nacional.
Las advertencias sobre posibles riesgos electorales han aumentado en las últimas semanas. Organismos de control y autoridades regionales han manifestado preocupación por eventuales casos de constreñimiento al elector y presiones armadas en departamentos donde operan grupos ilegales.
El proceso de paz y la presencia del Clan del Golfo en Colombia
Actualmente, el Clan del Golfo mantiene conversaciones sociojurídicas con el Gobierno colombiano dentro de la estrategia de ‘paz total’. En el marco de ese proceso, ambas partes han logrado acuerdos preliminares relacionados con la creación de Zonas de Ubicación Temporal en municipios de Chocó y Córdoba.
Estas zonas buscan facilitar la concentración gradual de integrantes de esa estructura armada mientras avanzan las conversaciones con el Ejecutivo. El Gobierno ha señalado que el objetivo es reducir los niveles de violencia en regiones históricamente golpeadas por el conflicto y la criminalidad organizada.
El Clan del Golfo es considerado por las autoridades como la principal organización criminal del país debido a su capacidad armada y presencia territorial. Sus actividades ilegales incluyen narcotráfico, minería ilegal, extorsión, contrabando y tráfico de migrantes.
La estructura criminal tiene influencia en centenares de municipios, especialmente en las regiones del Urabá antioqueño, la Costa Caribe, zonas del Pacífico colombiano y corredores fronterizos con Venezuela.
Alertas por seguridad electoral en varias regiones
De acuerdo con análisis recientes de la Fundación Ideas para la Paz (FIP), el Clan del Golfo tendría cerca de 10.000 integrantes entre combatientes y redes de apoyo. Esa capacidad le ha permitido consolidar control territorial en distintas zonas estratégicas del país.
La cercanía de las elecciones presidenciales ha llevado a las autoridades a reforzar los operativos de seguridad y monitoreo electoral en regiones consideradas de alto riesgo. La Defensoría del Pueblo y otras entidades han advertido sobre posibles amenazas contra líderes sociales, comunidades y votantes.
El Ministerio de Defensa y la Fuerza Pública mantienen despliegues especiales en departamentos donde históricamente han operado grupos armados ilegales, con el fin de garantizar el desarrollo de la jornada electoral y evitar actos de intimidación.
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¿Qué sigue tras el anuncio del Clan del Golfo?
Tras el pronunciamiento del Clan del Golfo, las autoridades continuarán evaluando las condiciones de seguridad en las regiones priorizadas para las elecciones presidenciales. Los organismos de control también harán seguimiento a posibles denuncias de constreñimiento electoral o participación de estructuras ilegales en política.
Mientras avanza la campaña presidencial, el Gobierno mantiene abiertas las conversaciones con esa organización armada dentro de la política de paz total, un proceso que sigue generando debate por los retos de seguridad y gobernabilidad en varias zonas del país.
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