El Comité Internacional de la Cruz Roja (CICR) advirtió este martes que no hay un enfoque de género efectivo en la política criminal y penitenciaria de Colombia, lo que hace que las necesidades específicas de las mujeres encarceladas no sean cumplidas.
El informe “Mujeres y prisión en Colombia: desafíos para la política criminal desde un enfoque de género”, realizado por el CICR con la Pontificia Universidad Javeriana y el Centro de Investigación y Docencia Económicas de México (CIDE), señala que políticas específicas de género pueden ayudar a garantizar los derechos de las “infractoras y las mujeres privadas de la libertad”.
Óscar Ayzanoa, asesor en política criminal del CICR en Colombia, explicó a Efe que las mujeres son “una población ciertamente distinta que requiere atención especializada, atención a necesidades diferentes” y puso como ejemplo los útiles de higiene que utilizan.
“Hay una administración penitenciaria que no visibiliza esas necesidades específicas, de repente no las presupuesta o no las permite en las encomiendas que pueden llevar los familiares o que se les da a las privadas de libertad, por ello es importante visibilizar eso”, afirmó Ayzanoa.
En ese sentido, el asesor recordó que, según la Corte Constitucional de Colombia, se debe incorporar la perspectiva de género para atender este tipo de necesidades.
El 76,5 % de las encuestadas señaló que la cantidad de toallas higiénicas que les suministran no es suficiente y menos de la mitad afirmó que les han practicado exámenes relacionados con necesidades específicas de género y derechos sexuales y reproductivos como la citología o la detección del VIH.
El informe, para el que se encuestó a 587 hombres y 536 mujeres privadas de la libertad en siete centros penitenciarios de Colombia, resalta además que de las que están en prisión el 75 % eran cabeza de familia, el 56,6 % no terminó la secundaria y el 46,1 % abandonó su hogar antes de los 15 años de edad.
“Lo que hemos mirado es que la mayoría son madres cabeza de familia, jóvenes con hijos, la mayoría no había pertenecido a grupos armados antes de cometer el delito, generalmente es la primera vez que se encuentran en cárceles, son de muy bajos recursos económicos”, detalló a Efe, por su parte, Alexia Van Der Gracht, coordinadora de la Unidad de Protección del CICR en Colombia.
En ese sentido, el 53,4 % de las encuestadas aseguró que cometieron delitos por razones relacionadas con “su vulnerabilidad económica”, mientras que el 45,2 % fueron detenidas por fabricación, tráfico o porte de estupefacientes. Efe
