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Amnistía Internacional (AI) consignó que en la contención de las protestas de Chile se han cometido violaciones a los derechos humanos que parecen responder a un patrón, lo que fue rechazado por el Gobierno, que no obstante reconoció que se han dado casos de abuso de la fuerza.
El organismo constató casos de uso letal de la fuerza, tortura, malos tratos y lesiones graves y consideró que estas violaciones a los derechos humanos cometidas por agentes del Estado “no son hechos aislados o esporádicos”, sino que responden a un patrón y muestran un “grado de coordinación” que “conduce razonablemente a pensar en la responsabilidad del mando al más alto nivel”.
Estas conclusiones se recogen en el informe que AI presentó este jueves en Santiago con las principales conclusiones de una misión del organismo, que lleva tres semanas en el país investigando y documentando las denuncias de abusos policiales y violaciones a los derechos humanos durante el estallido social de Chile.
El documento espoleó al Gobierno chileno, que lo rechazó “categóricamente” y acusó a AI de hacer “aseveraciones irresponsables” y de “pretender establecer la existencia de una política deliberada para dañar a los manifestantes”.
Así lo expresó en una conferencia de prensa la subsecretaria de Derechos Humanos de Chile, Lorena Recabarren, quien agregó que AI ni siquiera solicitó información al Gobierno.
En respuesta a esta última afirmación, AI señaló en un tuit en el que solicitaron una reunión con el Ministerio del Interior y otra con el presidente de Chile, Sebastián Piñera, y que en ninguno de los dos casos obtuvieron respuesta.
RECONOCIMIENTO DE CASOS DE ABUSOS
La crisis chilena ha dejado al menos 23 muertos en distintos actos de violencia (incendios, atropellos y cinco de ellos presuntamente a manos de agentes del Estado) y más de 2.300 heridos, de los cuales cerca de 220 presentan traumas oculares severos, según el estatal Instituto Nacional de Derechos Humanos (INDH).
La Fiscalía ha registrado además alrededor de 1.100 denuncias por tortura y tratos crueles, así como más de 70 delitos de carácter sexual cometidos por funcionarios desde el 18 de octubre, cuando se detonó la crisis tras el aumento en la tarifa del metro.
Piñera reconoció este jueves que “en algunos casos no se cumplieron los protocolos de uso de la fuerza para controlar el orden público” y “se cometieron excesos y abusos”.
“Todo eso está siendo investigado por la Fiscalía y va a ser conocido y juzgado por los Tribunales de Justicia. Así funciona una democracia, así funciona un Estado de derecho”, dijo Piñera en una reunión con corresponsales de medios extranjeros.
Este aspecto también fue recalcado por Recabarren, quien dijo que “todos los casos que han sido denunciados están siendo o serán investigados por la Fiscalía y serán juzgados debidamente por los Tribunales de Justicia”.
RECHAZO DE EJÉRCITO Y POLICÍA A INFORME DE AI
El Ejército, que estuvo en las calles durante más de una semana al comienzo de la crisis para tratar de restablecer el orden público cuando se decretaron estado de emergencia, y el cuerpo policial de Carabineros también se sumaron a las críticas al informe de AI.
El estamento castrense señaló en un comunicado que “no existió, ni existe ninguna política de las Fuerzas Armadas (FFAA) para dirigir ataques generalizados o sistemáticos contra la población civil”.
Por su parte, Carabineros también difundió un escrito en el que aseguró que la “institución no ampara ilegalidades” y rechazó “categóricamente cualquier exceso, abuso o vulneración de los Derechos Humanos”.
Asimismo, indicó que ha puesto a disposición de la Fiscalía todos los antecedentes de cada caso que ha sido objeto de querellas por parte del INDH y que ha iniciado más de 690 casos de sumarios o investigaciones administrativas a nivel interno.Efe
