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Un juez argentino envió a juicio a la viuda y al hijo del fallecido narcotraficante colombiano Pablo Escobar Gaviria y al exfutbolista colombiano Mauricio “Chicho” Serna en una causa en la que se investigan millonarias maniobras de lavado de activos provenientes del tráfico de drogas internacional.
Según informó este jueves fuentes del Ministerio Público Fiscal, María Isabel Santos Caballero, Juan Sebastián Marroquín y el exjugador de la selección colombiana, ‘Chicho’ Serna, son tres de los nueve imputados que se sentarán en el banquillo, tal y como dispuso el Juzgado Federal 3 de la ciudad bonaerense de Morón, dirigido por el magistrado Néstor Barral.
La investigación apunta a que todos ellos -entre los que también se encuentra el empresario Mateo Corvo- habrían realizado un aporte “esencial” para inyectar en Argentina fondos del narcotraficante José Bayron Piedrahita Ceballos, vinculado al líder del Cartel de Medellín.
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La Fiscalía imputa a Piedrahita Ceballos y Corvo, entre otros, haber integrado una asociación criminal internacional que operó en Argentina desde “al menos 2008” hasta septiembre de 2017, que estaba “dedicada a poner en circulación en el sistema financiero local bienes provenientes de maniobras de tráfico ilícito de estupefacientes” cometidas en Colombia y Estados Unidos, “con el objeto de otorgarles apariencia lícita”.
A la viuda y al hijo de Escobar, que viven en Argentina, se les acusa de haber efectuado un “aporte de naturaleza esencial para el cumplimiento de los objetivos criminales de la estructura ilícita mencionada”, al haber sido quienes en 2007 supuestamente “introdujeron y unieron” los intereses de Piedrahita Ceballos y Corvo.
Sobre “Chicho” Serna pesa la acusación de haber entregado a Piedrahita Ceballos, “a un precio irrisorio y ficticio”, los derechos posesorios de un inmueble situado en el paraje denominado “El Campito” y dos lotes del “Barrio Terravista S.A.”.
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Piedrahita Ceballos, deportado en noviembre pasado a su país desde Estados Unidos, donde estuvo varios meses encarcelado, figura en el Departamento de Justicia estadoundense como patrón de organizaciones narcocriminales colombianas y por haber colaborado con una red vinculada con los carteles de Medellín y Sinaloa y las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC).
El caso en Argentina se inició a raíz de una investigación preliminar desarrollada por la Procuraduría de Narcocriminalidad, a partir de información enviada por Estados Unidos, que apuntaba a vínculos del colombiano con personas físicas y jurídicas del país suramericano. EFE
