La magistrada Eva Ximena Ortega Hernández del Tribunal Superior de Bogotá, redujo en segunda instancia la condena contra la exrectora del colegio Gimnasio Campestre, Amanda Azucena Castillo por el caso de Sergio Urrego, quien se suicidó en 2014 por discriminación por su orientación sexual en el centro educativo
La pena a la que un juez 43 del circuíto de Bogota la había condenado era a 10 años y 8 meses, sin embargo, ante esta decisión, la acusada apeló y este jueves el Tribunal dictó que la nueva pena sería de 8 años y 8 meses de casa por cárcel, más una multa de 500 salarios mínimos legales vigentes, además de la inhabilidad para que ejerza cargos públicos por el tiempo que dure la condena.
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La Fiscalía le imputó a la exrectora los delitos de actos de discriminación agravado y falsa denuncia contra persona determinada y ocultamiento, alteración o destrucción de elementos materiales probatorios.
“Amanda Azucena, principal responsable del suicidio de Sergio, fue condena a 8 años y 8 meses de prisión domiciliaria y tendrá que pagar 500 salarios mínimos vigentes por los delitos de falsa denuncia y ocultamiento, alteración o destrucción de elemento material probatorio”, señaló la cuenta de Twitter de la Fundación Sergio Urrego.
#ÚLTIMAHORA | El Tribunal de Bogotá ratificó condena contra Amanda Azucena Castillo Cortés, exrectora del colegio de Sergio Urrego.
— Fundación Sergio Urrego🦋 (@sergiourregoorg) May 20, 2021
De esta manera, el caso finalmente no prescribió y logró llegar a la ultima instancia haciéndose justicia. pic.twitter.com/ulxd1HmGmy
Asimismo, manifestó que “a pesar de que el delito por discriminación agravada contra Amanda Azucena prescribió en 2018, debido a maniobras dilatorias, este es un hito histórico para Colombia en la lucha contra la discriminación de niños y jóvenes LGBTI+ ¡Hoy se marca un nuevo precedente para que casos como el de Sergio no se repitan en el país y la región! Hoy la justicia colombiana le dice a la sociedad que ningún niño o joven puede ser discriminado por su orientación sexual o identidad y expresión de género”, señala.
Además insta en que los planteles educativos “deben reformarse, garantizando y salvaguardando los derechos de los niños por encima de cualquier prejuicio. ¡Ningún manual de convivencia debe convertirse en un código penal contra los estudiantes!”, puntualiza.
