Una tercera persona, quien sería la esposa de uno de los detenidos y también habría participado en el asesinato, no pudo ser capturada en El Salvador.
Las autoridades capturaron a dos personas más que supuestamente están vinculadas con el asesinato del fiscal antimafia paraguayo, Marcelo Pecci, tiroteado en la isla de Barú, cercana a Cartagena de Indias, el pasado 10 de mayo de 2022.
El apoderado de la familia Pecci, el abogado Francisco Bernate, dijo a EFE que en la madrugada de este sábado fueron capturados dos ciudadanos, uno en la población antioqueña de Rionegro y otro en Bogotá.
Según el abogado, los arrestados, de los que no dio sus nombres, “estaban encargados de la parte logística y suministraron el dinero a Francisco Luis Correa Galeano”, a quien la Fiscalía acusó de ser el principal responsable del asesinato del fiscal paraguayo.
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La información agregó que “se frustró la captura” de la esposa de uno de los capturados que está en El Salvador.
Pecci y su esposa, la periodista Claudia Aguilera, fueron seguidos desde su llegada a Colombia, actividad que fue acordada en Medellín y que quedó a cargo de Cristian Monsalve y Marisol Londoño, mientras que, según la Fiscalía, Correa Galeano tenía la labor de “coordinar el arma de fuego, la consecución del dinero y los equipos celulares.”
Las autoridades detuvieron en operativos realizados en junio pasado en Medellín a Correa Galeano y otras cuatro personas por el homicidio, y estos últimos (Wendret Carrillo, Eiverson Zabaleta, Marisol Londoño y Cristian Camilo Monsalve Londoño) aceptaron los cargos.
Tras llegar a un acuerdo, un juzgado los condenó a más de 23 años de cárcel, en una sentencia, que inicialmente era de 47 años, pero fue reducida a la mitad después de que los acusados aceptaron los cargos de homicidio y porte ilegal de armas.
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En esa ocasión, Correa Galeano se declaró inocente y por eso sigue en juicio.
Por este caso, Colombia solicitó a Venezuela la extradición de Gabriel Salinas, vinculado al crimen, pero el Gobierno de ese país dijo que no lo hará porque su Constitución lo prohíbe.
Salinas era buscado por la Interpol a petición de las autoridades colombianas, por el delito de homicidio agravado y tráfico de armas y municiones agravado.
