Brasil extiende a 2022 norma que facilita concesión de refugio a venezolanos

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El Gobierno brasileño prorrogó este viernes hasta diciembre de 2022 una norma que simplifica el proceso para la concesión de refugio a los venezolanos que ingresan a Brasil huyendo de la crisis económica, social y humanitaria de su país y que ha beneficiado hasta ahora a unas 50.000 personas.

La ampliación de la vigencia del llamado proceso simplificado de reconocimiento de refugio, adoptado en junio de 2019 y que vencía en agosto de 2021, fue anunciada hoy por el Comité Nacional de Refugiados (Conare) de Brasil, órgano dependiente del Ministerio de Justicia.

La medida permite que Brasil le conceda refugio a cualquier venezolano que huya de su país sin necesidad de demostrar que sufre algún tipo de persecución, lo que facilita y agiliza un trámite que puede demorar varios meses.

En condiciones normales Brasil le concede el estatus de refugiado, que le permite a un extranjero regularizar su situación en el país en condiciones especiales, a personas que han huido de su nación de origen por “fundados temores de persecución” por motivo de su raza, religión, nacionalidad, opinión política o pertenencia a un determinado grupo social.

De acuerdo con el Ministerio de Justicia, este criterio ha permitido a Brasil reconocer como refugiados a cerca de 50.000 venezolanos hasta junio pasado.

El secretario nacional de Justicia del Ministerio, Vicente Santini, recordó que Brasil ha reconocido desde 2016 a unos 73.500 extranjeros como refugiados, de los cuales unos 60.000 en los dos últimos años, y que la extensión de la medida favorecerá a un número similar de venezolanos.

Otra medida del Gobierno brasileño anunciada en marzo pasado permite que los venezolanos que ingresen al país puedan usar cualquier documento de identidad, incluso con su vigencia expirada, para solicitar autorización de residencia en territorio brasileño.

La medida busca simplificar los trámites exigidos para obtener permiso de residencia en Brasil y la documentación que les permita a los venezolanos trabajar y acceder a servicios públicos en el país.

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Esta medida fue adoptada con la intención de elevar el número de venezolanos admitidos como residentes y reducir el número de reconocidos como refugiados, cuyo estatus es regulado por una convención internacional y tiene más restricciones. Efe