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La Procuraduría General de la Nación informó en las últimas horas que emitió una citación para audiencia de un juicio político al director de la Policía Nacional, general Óscar Atehortúa, por presuntas irregularidades relacionadas con el proyecto de viviendas fiscales de la Escuela Nacional de Operaciones Policiales (CENOP), ubicadas en San Luis, Tolima.
“Se le reprocha aparentes faltas en el trámite que dio a las acciones disciplinarias por estos hechos cuando ocupó la Inspección General, y supuestas extralimitación de funciones y tráfico de influencias en su cargo de director”, se lee en el comunicado del Ministerio Público.
Dentro de la misiva entregada por la oficina de la Procuraduría, se informa que se le fueron imputados cuatro cargos al jefe de la Fuerza Pública de los que deberá responder durante el juicio disciplinario. Por otra parte, se recuerda a la opinión pública que estos cargos estarían calificados a título de dolo.
El primero de ellos corresponde a un presunto desconocimiento del principio de responsabilidad al “haber faltado probablemente a su deber de adelantar la revisión sobre la obra ejecutada y velar por la buena calidad del objeto contratado”, pues durante el 26 de diciembre de 2014 y el 17 de diciembre de 2015 habría participado en la ejecución de dicho contrato.
En el segundo se cuestionan desde el Ministerio Público que este funcionario no se haya declarado impedido para conocer el expediente disciplinario donde estarían expuestas las presuntas irregularidades de la construcción del proyecto de las viviendas fiscales en cuestión, lo cual se podría calificar como “falta gravísima”.
El tercero correspondería a la presunta extralimitación de funciones al haber acudido a un capitán de la institución para que este verificara la actuación dentro del proceso en cuestión, lo cual vuelve a ser catalogado por el Ministerio Público, en caso de que se confirme como una “falta grave”.
Finalmente, el cuarto de ellos implica a Atehortúa en un presunto uso de manera indebida de su cargo para influir en el proceso, más precisamente “para que el inspector general de esa institución, mayor general William René Salamanca Ramírez, no diera curso a una actuación disciplinaria que estaba adelantando por posibles irregularidades”.
Adicional a lo anterior, se informó que también se le dejará a la Fiscalía General de la Nación algunas piezas procesales que este ente deba investigar desde su correspondencia, frente al caso en cuestión, y que podrían significar delitos a quienes intervinieron en la construcción de este proyecto en el centro del país.
