Con 103 votos a favor y 22 en contra, la Cámara de Representantes aprobó en tercer debate el polémico proyecto de ley con el que se busca garantizar la seguridad ciudadana y que ha sido calificado por la oposición como una maniobra del Gobierno Nacional para intentar restringir la protesta social.
La iniciativa está siendo impulsada principalmente por el ministro del Interior, Daniel Palacios, el ministro de Justicia, Wilson Ruíz, y el ministro de Defensa, Diego Molano, quienes defendieron el proyecto en medio del acalorado debate por las opiniones divididas.
“La seguridad empezamos a corregirla cuando los ciudadanos de bien se pueden defender. Porque eso disuade al criminal que hoy está empoderado. Aquí no estamos criminalizando ninguna protesta”, manifestó el representante, Juan Manuel Daza.
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El proyecto tiene como objetivo endurecer las penas contra las personas que cometan delitos como hurtos, lesiones personales, daño al bien ajeno, homicidio, entre otros. Por ejemplo, la Cámara de Representantes aprobó que que las personas que sean responsables de asesinatos contra miembros de la Fuerza Pública pagarán penas entre 41 y 60 años de prisión.
Igualmente, aquellos que destruyan bienes ajenos o interrumpan las acciones legítimas de la Fuerza Pública podrán ser sancionado hasta con 6 años de cárcel, algo que ha sido muy criticado por diferentes sectores de la oposición.
“Este proyecto de ley lo que hace es criminalizar la protesta, lo que permite es la judicialización, un aumento de penas”, señaló la representante María José Pizarro.
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Otro de los puntos polémicos es el que permite el uso de armas alegando a la legítima defensa, algo que desde la oposición se ve como un factor que puede aumentar la violencia y para ello recuerdan lo ocurrido en la ciudad de Cali en medio del Paro Nacional, el caso más sonado es el del empresario Andrés Escobar, quien será imputado por disparar contra manifestantes.
Por otra parte, también fue aprobado la privatización de las cárceles a nivel nacional, algo que muchos sectores han señalado como un error porque podría afectar los derechos de las personas privadas de la libertad.
“La llamada ley de ‘seguridad ciudadana’ que aprueba el uribismo en el Congreso es un compendio de disposiciones que legalizan prácticas criminales oficiales, paramilitares y de particulares. Es una licencia para matar; una nueva aberración de corte fascista de este gobierno”, manifestó el senador del Polo Democrático, Iván Cepeda.
