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Los conflictos por la posesión de la tierra, la pobreza y la presencia de la guerrilla Ejército de Liberación Nacional, Eln, de disidencias de las Farc y de bandas de narcotraficantes hacen del departamento del Cauca una caldera en ebullición que parece salir del control del Estado.
En el Cauca se libra desde hace décadas una lucha por el control de la tierra que tiene bajo el fuego cruzado a las comunidades indígenas de la zona, siete de cuyos integrantes fueron asesinados en la última semana en distintos hechos, a los que hay que sumar cuatro personas que perdieron la vida cuando hacían un levantamiento topográfico y un escolta de la Unidad Nacional de Protección, UNP.
El Gobierno atribuye esos crímenes a disidentes de las Farcque han crecido en fuerza y número desde la firma del acuerdo de paz de noviembre de 2016 y que actúan movidos por el negocio del narcotráfico, sin ningún trasfondo ideológico.
En un estudio de 2015 el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, PNUD, ya advertía que “el Cauca tiene una importancia estratégica para la paz, tanto en el proceso hacia la terminación definitiva del conflicto como en la puesta en marcha de los pactos y compromisos, en la transición, construcción y consolidación de una sociedad en paz”.
Al mismo tiempo señalaba que el Cauca es junto con el Chocó, departamento que también tiene costa sobre el océano Pacífico, “el más pobre del país” y “al mismo tiempo, el de mayor desigualdad en ingresos y calidad de vida”, con una incidencia de pobreza del 62 %”. EFE
