Las amenazas a candidatos presidenciales Paloma Valencia y Abelardo de la Espriella tomaron una forma inédita en la campaña electoral colombiana de 2026: imágenes generadas con inteligencia artificial que simulan coronas fúnebres con sus nombres y el año de su supuesta muerte fueron difundidas en redes sociales, desatando una respuesta institucional y política sin precedentes.
Las piezas visuales mostraban los rostros de los dos aspirantes a la Presidencia sobre arreglos florales de entierro, acompañados de sus años de nacimiento y del número 2026 como fecha de deceso, junto al mensaje «Descanse en paz». La propia candidata del Centro Democrático confirmó que el material fue reportado a las autoridades para su análisis.
El origen del material fue rastreado por el senador Mauricio Gómez Amín, quien denunció que ambas imágenes provienen del mismo espacio digital: una cuenta que se identifica como medio de comunicación en la red social X y que habría publicado primero el contenido contra Valencia y, posteriormente, contra De la Espriella. El exsenador Carlos Felipe Mejía reforzó esa lectura al señalar que los dos montajes eran prácticamente idénticos en su diseño, lo que sugiere una acción coordinada y no incidentes aislados.
Que sea IA no lo convierte en menos amenaza
El debate jurídico que abrió este caso es central: en Colombia, el uso de inteligencia artificial para producir contenido intimidatorio no exime a sus autores de responsabilidad penal. Las amenazas de muerte no requieren un arma o un mensaje manuscrito para ser tipificadas como delito; basta con que generen un temor fundado en la víctima sobre un riesgo real contra su vida o integridad. En ese sentido, que las imágenes sean montajes digitales no reduce su impacto ni su alcance como instrumento de intimidación política.
La Defensoría del Pueblo lo planteó con claridad en un comunicado: en un Estado Social de Derecho, ninguna persona puede ser objeto de intimidaciones por ejercer su participación política, independientemente del medio utilizado para difundirlas. La entidad exigió a la Fiscalía General de la Nación actuar con celeridad, establecer la intencionalidad detrás de los hechos e investigar tanto las amenazas como la vandalización de la sede de campaña de Valencia en Bucaramanga.
La Misión de Verificación de la ONU en Colombia, por medio de su jefe Miroslav Jenča, rechazó las intimidaciones y llamó al Estado a proteger a todos los participantes del proceso electoral. La embajada de Canadá también condenó los hechos y solicitó una investigación pronta. Desde el movimiento Salvación Nacional advirtieron que la misma cuenta había amenazado a otros colombianos y candidatos, lo que amplía el alcance del caso más allá de los dos aspirantes identificados inicialmente.
Reacciones ante las amenazas a candidatos presidenciales
El expresidente Álvaro Uribe Vélez fue el primero en dar la voz de alerta pública. A través de su cuenta en X recordó el asesinato del senador Miguel Uribe Turbay en 2025, ocurrido durante el inicio de la carrera prepresidencial, y exigió protección para los aspirantes afectados. El candidato Miguel Uribe Londoño también se pronunció y señaló que las amenazas en Colombia ya habían cobrado una vida, en referencia directa a la muerte de su hijo.
Abelardo de la Espriella rechazó los hechos desde su cuenta de X y expresó solidaridad con Valencia. El aspirante vinculó las imágenes a lo que describió como una estrategia para silenciar a quienes defienden la institucionalidad. Valencia, por su parte, insistió en que la campaña no se detendría y señaló que la situación hace parte de un patrón de ataques que incluye la presión sobre líderes de su partido y la vandalización de sedes regionales. La candidata también vinculó los hechos con lo que calificó como una presión armada que, según su lectura, favorece la candidatura de Iván Cepeda, quien rechazó las agresiones y condenó cualquier forma de violencia política.
El Ministerio de Defensa, encabezado por Pedro Sánchez, anunció una recompensa de hasta 1.000 millones de pesos por información precisa que permita identificar a los responsables y prevenir posibles atentados. La Fuerza Pública, articulada con el Ministerio del Interior y la Unidad Nacional de Protección (UNP), reforzó los esquemas de seguridad de los trece candidatos presidenciales inscritos.
Qué sigue tras las amenazas a candidatos presidenciales con IA
La Fiscalía General de la Nación deberá determinar si el uso de inteligencia artificial para producir y difundir contenido amenazante configura alguno de los tipos penales establecidos en el código colombiano, un precedente que podría marcar la jurisprudencia en materia de violencia política digital de cara a los comicios del 31 de mayo. La Defensoría del Pueblo solicitó además que las plataformas digitales actúen con diligencia para retirar y prevenir la circulación de este tipo de contenidos. Mientras las investigaciones avanzan, la Comisión Nacional de Seguimiento a los Procesos Electorales fue instada a priorizar estos casos y garantizar condiciones de seguridad para todos los participantes en la contienda.
Para más información consulte nuestras noticias internacionales y noticias de Colombia.
