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Este jueves se dio a conocer un informe de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) en el que se señala que las “muertes legítimamente presentadas como bajas en combate por agentes del Estado, más conocidas con el nombre de “falsos positivos”, en realidad fueron 6.402 y no 2.248, como se creía hasta el momento.
Estas cifras han generado gran polémica en el país, según la JEP, el 78% de estos casos se dieron entre los años 2002 y 2008, afirmación que generó el malestar del expresidente Álvaro Uribe Vélez, quien era el jefe de Estado en ese momento.
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Pues bien, a través de cuenta de Twitter, el exsenador le respondió a la JEP y aseguró que este informe era un “atropello” hacia él, manifestando que siempre ha estado presente cuando la justicia lo ha requerido, a pesar de, según él, las constantes “presiones” y “suspicacias” que se generan en su contra.
“Nunca he aludido la justicia, que cuando se trata de mi persona muchos la presionan o la sustituyen cuando menos sembrando suspicacias”.
Escribió el exparlamentario.
En ese sentido, Uribe nombra algunas acciones que él ha realizado en busca de esclarecer los “falsos positivos” y dar con los responsables de presuntamente perpetrar y dar la orden de estos hechos.
En primer lugar, el exmandatario asegura que una vez inició su Gobierno en 2003, momento en el que se empezó a acusar a las Fuerzas Militares de asesinar campesinos y hacerlos pasar por criminales, él dio la orden de que, una vez se diera la baja de alguien en pleno combate, nadie moviera el cuerpo hasta que llegara el CTI de la Fiscalía.
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Por otra parte, Uribe relata que durante el 2006 cuando se dio “un trágico suceso entre soldados y policías”, él, junto al ministro de Defensa de ese entonces, Camilo Ospina, realizaron un convenio con la Fiscalía para la “investigación en cualquier caso de bajas”.
“Esa decisión de transparencia fue interpretada por retirados de las FFAA como una derogatoria de la Justicia Penal Militar, y, por otro lado, la Fiscalía llegó al exceso de hacer de cada levantamiento de cadáver un auto de cabeza de proceso contra soldados”.
Agregó.
Igualmente, el exsenador menciona que 27 oficiales del Ejército fueron suspendidos de sus cargos por orden suya, después de un informe hecho por el Ministerio de Defensa, en el que se señala que estos militares tendrían conductas penales, además de falta de rigor en los “protocolos operativos que podrían facilitar hechos delictivos”.
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Al mismo tiempo, Uribe recordó que cerca de finalizar su mandato, un representante de las Naciones Unidas lo visitó y le aseguró en “los últimos dos años solamente había 4 casos” de presunta violación de Derechos Humanos”.
“Siempre privilegié la desmovilización y la captura sobre las bajas, y los resultados muestran que en el Gobierno hubo 35 mil paramilitares y 18 mil guerrilleros desmovilizados, sin el costo institucional, ni la impunidad total del reciente mal llamado proceso de paz”.
Manifestó el líder del Centro Democrático.
Por último, el exparlamentario expresa que “la Seguridad Democrática” logró proteger a los ciudadanos, incluyendo a la oposición, quienes tuvieron “la misma protección que los más cercanos al Gobierno”, y finaliza asegurando que no hay ningún militar que pueda decir que recibió un mal “ejemplo o insinuación indebida” de su parte.
