El antiguo miembro del Ejército de Liberación Nacional (ELN), Luis Jhon Castro Ramírez, El Zarco, se declaró víctima de una persecución política en su país y se negó a ser extraditado porque allí, aseguró, lo van a “asesinar”.
Castro Ramírez intervino desde la prisión en la vista judicial de extradición celebrada hoy por la Audiencia Nacional española (AN).
Por el contrario, la Fiscalía española apoya la extradición al considerar que se cumplen los principales requisitos, tal y como ya defendió cuando este mismo tribunal accedió en 2019 a que fuera entregado.
Sin embargo, finalmente no fue posible debido principalmente a las circunstancias de la pandemia de la covid-19, según el fiscal, tras serle denegada la solicitud de asilo y haberse avisado en diciembre de 2020 a la Interpol para proceder a la entrega.
La AN lo puso en libertad entonces y fue detenido de nuevo en febrero pasado en Alicante (este español) para la repetición del procedimiento, tras una comunicación de Interpol y la presentación de nuevas demandas de extradición.
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El Ministerio Público matizó hoy que, si la entrega no se produjo en su día, no fue por “un desestimiento de Colombia”.
El Zarco aseguró que es perseguido por denunciar los mismos hechos por los que es reclamado en Colombia: engañar y entregar a decenas de jóvenes al Ejército para ser asesinados, en lo que se conoce en ese país como “falsos positivos”.
Para oponerse a la extradición, Castro, conocido también como “Mono” o “Antoni”, enfatizó que no ha quitado la vida a nadie: “Estoy pidiendo protección porque yo lo denuncié ante la fiscal (colombiana) Fabiola Bermúdez Roa” y ahora “ellos mismos me quieren crucificar”, denunció.
Según su versión, tras denunciar lo que estaba sucediendo con los “falsos positivos”, intentaron matarlo en dos ocasiones; su abogado también lo ha definido como una víctima más del conflicto armado en Colombia.
“Estuvo apunto de convertirse en un falso positivo más”, recalcó, y recordó los ataques con disparos que el mismo Castro dijo que sufrió.
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Incidió en que, gracias a su denuncia ante la Fiscalía de Cali (Colombia), “estos execrables hechos han salido a la luz”, y para argumentar persecución política recordó que el propio presidente colombiano, Iván Duque, se pronunció sobre su extradición.
“Ese bandido de alta peligrosidad debe ser extraditado. Ese criminal debe venir a responder a Colombia”, dijo Duque sobre Castro, según el letrado defensor.
A su juicio, estas manifestaciones, vulneran el derecho a la tutela judicial efectiva y a un proceso con todas las garantías.
Según la reclamación, se trata de un “desmovilizado” del ELN al que se investiga por cuatro casos de entrega de jóvenes para su asesinato en Cali y en las poblaciones de Coyaima, el Guamo y Potrerito, en el departamento del Tolima.
Con la macabra práctica de los “falsos positivos”, que comenzó en los años 90, miembros del Ejército reclutaban a campesinos y jóvenes pobres con promesas de empleo y, una vez que los convencían, los mataban a sangre fría y luego los presentaban como guerrilleros fallecidos en combate. EFE
