La Personería de Bogotá inició una investigación disciplinaria contra varios funcionarios del Instituto Distrital para la Recreación y el Deporte (IDRD) y la Universidad Distrital, entre el que se encuentra Juan Carlos Montes, el ingeniero que estaría involucrado en el caso del ‘Petrovideo’.
La investigación del ente de control es por presuntas irregularidades en la contratación y ejecución de la construcción de la primera etapa del Parque Metropolitano El Porvenir de Bosa por $24.734 millones y obras de los parques vecinales de la UPZ Rincón de Suba por $9.683 millones.
La obra del Porvenir de Bosa, prevista para 9 meses, duró más de 2 años y 7 meses con una ejecución del 83,17% y los parques de Rincón de Suba, previstos para 4 meses, tardaron más de 24 meses y no llegaron al 15% de avance.
La Personería también indaga la actuación de los servidores de la Universidad Distrital que realizaron la interventoría de las obras en los 2 contratos y de los supervisores del IDRD quienes, al parecer, avalaron las adiciones, prórrogas, suspensiones y pagos sin el avance de las obras.
Las 2 licitaciones fueron abiertas y adjudicadas en 2015 por el entonces subdirector Técnico de Construcciones del IDRD, Juan Carlos Montes Fernández. En ellas, al parecer, no hubo un adecuado estudio previo ni planeación, lo que permitió estimar de manera errónea los plazos de ejecución y que se exigieran unos requisitos financieros inferiores a la magnitud de las obras.
Según el informe, habrían podido existir presuntos acuerdos anticompetitivos para burlar el proceso de selección de contratistas, fingiendo ser competidores cuando probablemente actuaban para simular una gran participación y dejar un solo proponente como candidato a ganar el contrato.
El plazo de ejecución inicial del contrato del Porvenir era de 9 meses, terminando el 28 de septiembre de 2016; fue prorrogado en 4 oportunidades y suspendido en otras 5, hasta que el 27 de abril de 2018 fue caducado, sin haberse culminado las obras.
El valor del contrato de $19.363 millones pasó a más de $24.763 millones, sin que la interventoría ni el supervisor advirtieran demora alguna. Sólo 2 meses después de terminado el plazo inicial, la interventoría informó sobre algún posible incumplimiento y 4 meses más tarde, en marzo de 2017, lo reiteró.
EI IDRD impuso una multa al contratista por $193 millones en enero de 2017, 13 meses después de iniciada la ejecución de la obra. Aplicó otra multa en mayo de 2017 por $247 millones y únicamente decretó la caducidad del contrato por incumplimiento, en abril de 2018, 31 meses después de comenzada la obra.
El Ministerio Público Distrital envió copia del informe preliminar a la Superintendencia de Industria y Comercio, para la respectiva investigación por posibles acuerdos anticompetitivos de firmas privadas para lograr la adjudicación de contratos en el IDRD en 2015.
También solicitó a la Contraloría Distrital que determine un presunto detrimento patrimonial, a la Fiscalía por los delitos en los que pudieron incurrir los responsables y a Procuraduría investigar al contratista.
